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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante un comunicado de prensa, manifestó su preocupación que el anteproyecto de ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, que se discute en la Asamblea Legislativa de El Salvador, se convierta en una “amnistía de facto”.
“Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos, que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”, manifestó la Alta Comisionada. La preocupación de la funcionaria parte del trabajo que realizó la comisión “Ad Hoc”, designada por la comisión política de la Asamblea Legislativa, porque sus integrantes estuvieron involucrados en el conflicto armado, lo que generaba dudas en el contenido del anteproyecto.
Otra de las grandes fallas, dice la funcionaria, es la falta de participación de las víctimas, lo que generó sanciones inaceptables, como “suspender las penas de prisión”, para todas las personas que reconozcan su responsabilidad, en crímenes cometidos durante el conflicto, para ser sustituidas por penas alternativas de provisión de servicios a la comunidad.
También está en contra de la supuesta disposición de atribuir la responsabilidad penal, solamente a quienes participaron directamente en los hechos, cerrando la posibilidad de investigar y sancionar a los autores intelectuales y los miembros de las cadenas de mando, involucradas en esos crímenes de lesa humanidad.
“Insto a las instituciones competentes a reflexionar profundamente, sobre los importantes progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como condiciones para la reconciliación nacional. Mi oficina reitera su ofrecimiento de proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativas, y a otras instituciones para este fin”, agregó Bachelet.
En iguales circunstancias, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se pronunció oficialmente mediante un comunicado de prensa, en donde exhorta a los diputados y diputadas salvadoreñas, a dar un espacio de consulta a las víctimas y sobrevivientes, para avanzar en una verdadera Ley de Reconciliación Nacional.
La subcomisión “Ad Hoc”, ha elaborado una propuesta de normativa a fin, de cumplir la sentencia de 2016, de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional de la Ley de Amnistía General, que impidió el acceso a la justicia a las víctimas, por décadas enteras.
“Los únicos documentos hechos públicos, hasta el momento que se están utilizando como insumos en la elaboración de la ley, incluyen una propuesta que es clara en sus objetivos: garantizar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado y obstaculizar, una vez más, la búsqueda de justicia, verdad y reparación a las víctimas y sociedad salvadoreña en su conjunto”, afirmaron.
Asimismo, hicieron énfasis en que la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa, contiene indicaciones que compromete las obligaciones asumidas por El Salvador, desde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afectando medidas dispuestas como la masacre de El Mozote y lugares aledaños, en diciembre de 1981.
“Como representantes de las demandas de quienes enfrentaron estas graves violaciones de derechos humanos, nos sumamos a las prerrogativas de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado interno; porque nuestra historia así nos lo ha señalado: la impunidad del ayer, es la impunidad del presente”, señalaron.
Se sumaron a estos pronunciamientos de revisar el contenido del anteproyecto de Ley para Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, la Unión Europea, que expresó el apoyo brindado al proceso de paz y reconciliación en El Salvador, desde la firma de los Acuerdos de Paz, en apoyo a una sociedad democrática y el acompañamiento por más de veintisiete años, verificando procesos electorales y participando en otras vivencias económicas, sociales y culturales. Y
“El derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la tutela judicial efectiva, a las debidas reparaciones y a la garantía de no repetición, son principios que todo proyecto de ley debe respetar y que se fundamentan en principios del Derecho Internacional, que El Salvador se ha comprometido a respetar”, manifestaron.
