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Saúl Méndez
Colaborador
El Observatorio Regional de Derechos (ORD), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunciaron actos de hostigamiento contra el abogado y defensor de derechos humanos Luis Rivera, tras reportar presencia policial en las cercanías de su vivienda e intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales.
El ORD expresó su preocupación por estos hechos, debido a que representarían posibles riesgos para la integridad, seguridad y privacidad del abogado, así como para la de su familia.
Las organizaciones explicaron que sus denuncias buscan visibilizar un patrón de vigilancia, seguimiento e intimidación contra profesionales del derecho y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.
Como antecedentes, la organización mencionó las denuncias de hostigamiento policial contra la abogada Roxana Cardona y los actos de vigilancia y seguimiento denunciados por el abogado Guillermo García. También recordó las detenciones de la abogada Ruth López, en mayo de 2025, y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, en junio del mismo año, casos que calificó como especialmente preocupantes.
El observatorio advirtió que estas prácticas pueden generar autocensura, limitar el ejercicio independiente de la abogacía y debilitar las capacidades de organización y denuncia de la sociedad civil, con consecuencias para el funcionamiento democrático.
Además, recordó que la defensa de los derechos humanos constituye una actividad legítima y advirtió que las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de garantizar la integridad personal, la privacidad, la libertad de expresión y asociación, así como el ejercicio independiente de la profesión jurídica de Rivera. También instó a prevenir e investigar cualquier acto de intimidación o represalia relacionado con estas actividades.
Por otra parte, el ORD exhortó a los mecanismos internacionales de protección, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, a mantener el seguimiento de estos casos y de las condiciones para ejercer el derecho a defender derechos en el país.
Por su parte, a través de un pronunciamiento, el MTD y el MDCT también rechazaron los hechos denunciados y expresaron su solidaridad con Rivera, a quien identificaron como compañero de sus espacios de organización y acompañamiento a las demandas de la clase trabajadora.
Ambas organizaciones aseveraron que la defensa de los derechos laborales, la denuncia de injusticias y la exigencia de respuestas a las autoridades no deben convertirse en motivos de persecución o intimidación.
Por este motivo, exigieron respeto a la integridad, libertad personal, privacidad y libertades de expresión y organización de Rivera y de quienes integran ambos movimientos. También demandaron que se garantice que el abogado pueda continuar con su labor sin amenazas ni restricciones arbitrarias.
El abogado penalista salvadoreño Luis Rivera defiende casos de alto impacto social y político, incluyendo la representación de excombatientes y veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y la protección ambiental de la Finca El Espino. Entre sus declaraciones en favor de la justicia destaca su llamado a «dejar registro de lo que está sucediendo en El Salvador» y su advertencia sobre la precaria situación de salud que vuelve trágica la detención de personas inocentes.
El 2 julio de 2026, en el marco del Día del Abogado, Luis Rivera expresó su preocupación por el aumento de los casos de persecución contra profesionales del derecho vinculados a la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
El abogado lamentó que en una coyuntura marcada por el incremento de denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos, sindicales y laborales, el ejercicio de la abogacía sea cada vez más difícil de desempeñar con libertad.
«Tenemos un caso reciente, el del abogado defensor del veterano José ‘Pepe’ Melara, Guillermo García, cuya vivienda fue visitada por elementos de la Policía Nacional Civil. Asimismo, muchos abogados que no han denunciado públicamente este tipo de vigilancia y seguimiento por parte de la Policía y del Gobierno también han enfrentado dificultades para desempeñar su labor», denunció en aqulla ocasión, y hoy es él quien está pasando una situación parecida.
