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“La propuesta que hacemos, entre otras cosas, es que la reserva de información sea nada más de 3 años y que tenga que estar rigurosamente documentada y justificada. Y además, que un año antes de que se termine un gobierno, tenga que poner toda la información a disposición de la población”: Claudia Ortiz.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, propuso una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para disminuir el plazo máximo de reserva de información pública, pero Nuevas Ideas negó sus votos. Las reservas tienen un plazo de 7 años.
La diputado opositora Claudia Ortiz propuso la reforma, ya que afirma que existieron irregularidades en las compras durante la pandemia por Covid-19 y también en el tema de los agromercados, donde el Gobierno interviene con fondos para bajar los precios a los alimentos que en estos espacios se comercializan.
La legisladora planteó que esta semana se han conocido noticias “muy preocupantes”, una de ellas es que se reveló que una persona vinculada al hijo de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, fue contratista del Gobierno salvadoreño durante la pandemia. “Todos sabemos que durante la pandemia hubo abusos en el tema de compras públicas y que poco a poco va saliendo a la luz”, dijo la legisladora.
La segunda noticia de la semana es la reserva de información de los agromercados. “El Ministerio de Hacienda pone en reserva toda la información del programa de los agromercados durante 7 años. Es decir, que hay $114 millones que están en reserva, y que la población no va a saber qué se está haciendo con esa información”.
“¿Qué se está haciendo con esos recursos?, ¿de dónde se están comprando los productos?, ¿a quién se le están comprando?, ¿quién se está beneficiando de esos contratos?”, cuestionó la legisladora.
Claudia Ortiz destacó que con la reserva de información hasta el 2032, “se le ha negado el derecho a la gente a saber qué se está haciendo o cómo se está ocupando ese dinero.” Esta práctica, la reserva de información, es una característica del Gobierno de Bukele para evitar que la población cuestione el uso de los recursos públicos.
Por ello, y “porque no sabemos cuánto más del presupuesto general del Estado está bajo reserva, una gran cantidad sin duda, queremos hacer nuevamente la solicitud de que se incorpore una pieza de correspondencia, y que se conozca esta propuesta en comisión para hacer reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública”, expuso Ortiz en la plenaria de esta semana.
La opositora afirmó que el Gobierno de Bukele “tiene demasiadas cosas bajo reserva”, no solo en temas económicos, sino que en temas de seguridad y sociales. Estas reservaciones ya no son exclusivas de Casa Presidencial o de los ministerios, sino que han traspasado a otras entidades como a la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones del Estado. La legisladora lo consideró como un problema “estructural” del país.
“La propuesta que hacemos, entre otras cosas, es que la reserva de información sea nada más de 3 años y que tenga que estar rigurosamente documentada y justificada. Y además, que un año antes de que se termine un gobierno, tenga que poner toda la información a disposición de la población”, propuso Ortiz.
La propuesta en cuestión incluía una reforma al artículo 4 para agregar un literal para no revertir el carácter público de alguna información. Esta señala: “No debe restringirse, detener o interrumpirse la divulgación de un determinado dato o información pública que ya haya sido divulgada”.
La iniciativa también declaraba como “información de interés nacional” a “toda la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad, relativa al derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente y demás derechos fundamentales y que, de conformidad con el principio de máxima publicada, será información oficiosa los planes, procesos, proyectos, propuestas, informes, permisos, compras, protocolos, políticas públicas, leyes, reglamentos”.
“Ya no más reserva de información en temas tan importantes y tan sensibles como la alimentación, la educación, la salud, la agricultura, el medioambiente. Ya no más reserva de información en las obras públicas, en la construcción de diferentes obras, mercados, etc”, planteó la legisladora.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación del pleno la solicitud de Ortiz, pero los legisladores oficialistas y aliados no votaron. La propuesta obtuvo sólo tres votos, el suyo, y el de Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA.
