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Saúl Méndez
Colaborador
La diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, Claudia Ortiz, afirmó, Durante el programa de Alex Carcelero, «El Salvador, Patria Querida», que los diputados de Nuevas Ideas (NI) promueven leyes que favorecen a los sectores con mayor capacidad económica. “Están haciendo leyes para los ricos, para sus amigos y para los sectores que tienen influencia en el poder”, aseguró la legisladora.
La diputada Ortiz hizo referencia a la propuesta que hizo el 8 de enero del presente año para reducir el IVA de la canasta básica del 13 % al 6.5 %, planteada como una medida de “justicia tributaria”; sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la bancada oficialista de NI.
Ortiz propuso en aquella fecha una reducción general del IVA al 6.5% para productos de consumo básico, manteniendo el 13% para productos suntuarios o de lujo.
“La gente que necesita esta propuesta no son los diputados que resuelven fácilmente porque reciben préstamos, privilegios y hacen lo que quieren”, expresó durante el programa de Carcelero.
“Los que están gobernando tienen la mayoría legislativa, pero no representan a la mayoría de la población”, lamentó la diputada opositora.
La parlamentaria sostuvo que no existe diferencia entre el tipo de política actual y aquella que la población criticaba en gobiernos anteriores. “Vemos leyes donde las propuestas para reducir impuestos a las grandes mayorías que necesitan alivio económico no se estudian. Sin embargo, constantemente se aprueban leyes para eliminar impuestos a grandes inversiones, a edificios de alto valor y a quienes invierten en Bitcoin, entre otros sectores”, criticó.
Ortiz aseguró que el Gobierno Central mantiene la “idea equivocada” de que la inversión extranjera llegará al país mediante la exoneración de impuestos a las empresas. No obstante, señaló que la inversión dependerá principalmente de la existencia de seguridad jurídica.
“La principal fuente de inseguridad jurídica es la Asamblea Legislativa, que cambia las leyes de un día para otro. Incluso, la Constitución ha sido modificada en una sola sesión. De repente se aprueban disposiciones que pueden tomar desprevenido a cualquier inversionista”, explicó Ortiz.
La legisladora también se refirió a las compras del Estado. “Frecuentemente se aprueban leyes para que estas compras no pasen por controles establecidos en la normativa pública ni por mecanismos que exigen mayor transparencia en los contratos estatales”, advirtió.
Además, Ortiz señaló que la falta de infraestructura y un sistema educativo que no está orientado hacia la economía global dificultan que El Salvador alcance niveles de desarrollo similares a los de países con economías más fuertes.
“La gente realmente necesita apoyo económico para no caer en la pobreza extrema y para contar con un sistema económico y tributario más justo”, expresó.
“No es justo pagar tantos impuestos en productos esenciales para sobrevivir. Deberían eliminarse o reducirse los impuestos a los productos esenciales para la vida diaria de las familias”, agregó.
La legisladora también abordó el trabajo de la Comisión de Hacienda y el incremento en la aprobación de préstamos.
“Ya no estamos hablando de préstamos de 10 millones, sino de montos de 70, 90 o más de 100 millones de dólares”, indicó.
“Se menciona que los fondos irán a ciertos proyectos, pero el problema surge cuando estos se ejecutan bajo leyes que limitan la transparencia en las compras públicas. Además, el gobierno tiene graves problemas para ejecutar obras y terminarlas en tiempo y forma, debido a espacios para la arbitrariedad y posibles prácticas de corrupción. También existe falta de capacidad en algunas carteras de Estado”, advirtió Ortiz.
La diputada mencionó como ejemplo el proyecto de Los Chorros, que ha recibido múltiples préstamos y acumula cerca de 500 millones de dólares en inversión. Sin embargo, todo lo relacionado con esa obra se mantiene bajo reserva, comentó.
Asimismo, señaló que otras megaobras, como el Hospital Rosales, han sido fuertemente criticadas por retrasos en su inauguración, aparentemente a la espera de un momento políticamente conveniente, según Ortiz, pese a que el financiamiento existe desde la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
“Mientras tanto, otros hospitales públicos enfrentan sobredemanda. Muchas personas no tienen dónde hacerse diálisis, según reportes ciudadanos”, denunció.
También enfatizó que existe un problema de ejecución: “Las obras no se priorizan para que estén listas lo antes posible para la población, sino que muchas veces responden a intereses políticos o a decisiones que se mantienen en reserva, lo que retrasa su avance”, advirtió.
“Los préstamos no se ejecutan a tiempo ni de forma eficiente, mientras el país se endeuda y los intereses siguen acumulándose. Es un problema que se traslada hacia el futuro”, concluyó.
