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Nueva versión de anteproyecto de Ley de Desplazamiento Forzado

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Representantes de la organización de derechos humanos y memoria histórica CRISTOSAL, acudieron a la Asamblea Legislativa, para presentar una versión actualizada del anteproyecto de Ley de Desplazamiento Forzado, entregado a ese órgano de Estado en 2018 en representación de las víctimas de este flagelo.

Los mocionantes explicaron que este nuevo documento, incluye aspectos contemplados en otras propuestas de ley presentadas por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) y el ministerio de Justicia y Seguridad, además de los estándares mínimos presentados por el Grupo Gestor, para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado
interno. “La idea al presentar esto es agilizar el proceso de discusión, estamos a más de tres meses de transcurrido el plazo establecido por la Sala de lo Constitucional, para establecer una legislación especial y estamos pidiendo a la Comisión de Legislación que agilice el
proceso”, dijo Abraham Ábrego, representante de CRISTOSAL.
CRISTOSAL, consideró que al presentar este documento que armoniza las diferentes propuestas existentes al interior de la comisión, se agilizará el proceso de discusión de las mismas y pasar a la consulta con las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de desplazamiento forzado.

La nueva propuesta presentada por CRISTOSAL, amplía el listado de derechos reconocidos y presupuesto, también incluye insumos obtenidos a partir de consultas con víctimas de desplazamiento forzado, que solicitaban cobertura económica temporal mientras sufrían esta condición.

“También hemos reforzado el tema del procedimiento, son cambios que lo que pretenden es generar una propuesta en común que pueda servir de base para la discusión y no partir de cero, a elaborar una cuarta propuesta que demoraría aún más el proceso”, sostuvo Ábrego.

Esta iniciativa surge a partir del amparo 411 emitido por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio 2018, que exige al Estado salvadoreño una legislación en favor de las víctimas de desplazamiento forzado causado por violencia, y dio en un plazo de seis meses, período que finalizó en febrero de este año.

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