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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Me atacan en las redes sociales, me han levantado falsos testimonios. Me están persiguiendo, voy a misa y me están esperando a la salida para hacerme algo, por eso denuncio ante los medios. No sé quiénes son esas personas, pero les pido que paren y dejen de hacerlo conmigo y otros familiares”, expresó la doctora Laura Laínez de Rivas.
La cirujana Laínez perdió a su esposo Edgardo Rivas Molina, un neurocirujano del Hospital San Rafael, de Santa Tecla, La Libertad, en junio de 2020, sin que hasta la fecha hayan sido resarcidos al perder a sus seres queridos durante el trabajo que desempeñaron atendiendo a la población frente a la pandemia de COVID-19en diversos centros hospitalarios del país.
“Hago un llamado al presidente de la república (Nayib Bukele) y su esposa a ponerse la mano en el corazón; a la Asamblea Legislativa a cumplir el decreto 723, y al ministro de Salud, Francisco Alabí, a que haga algo por sus colegas, que no sea inhumano, porque está demostrando su falta de liderazgo y de solidaridad”, dijo la Dra. Laínez.
El Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecidos por COVID-19, acompañados por el Foro Nacional de Salud, se pronunciaron ante lo que consideran una postura de “indolencia y desinterés”, que han recibido del gobierno de El Salvador.
Los denunciantes señalaron que por 2 años y medio la actual administración no ha respondido y honrado el decreto 723 de la Ley Especial Transitoria para la constitución del Fondo de Compensación Económica del Personal de Salud, que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020.
“Como familiares no solo esperamos la compensación económica, también pedimos la construcción de una plaza conmemorativa con visión ecológica, para honrar a quienes ofrendaron su vida por la salud de la población salvadoreña, que sería en una franja del exhospital de Maternidad”, afirmó.
“Necesitamos becas para los hijos del personal fallecido, no puede ser que algunos de estos jóvenes no estén estudiando por falta de apoyo económico -es inconcebible- y se necesita atención psicosocial personalizada a familiares del personal de salud fallecido para que puedan recuperarse de la pérdida”, acotó la médica.
Asimismo, criticó duramente la postura de los 28 sindicatos de salud que los señaló de “guardar silencio cómplice” frente a las injusticias que cometían con el personal de salud fallecido por COVID-19, a excepción de SITRASALUD, que los ha acompañado. “Los otros se han vendido por puestos o dinero, da pena y vergüenza lo que están haciendo porque ellos fueron sus colegas”, señaló.
Sumado a la “tibieza” de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de la cual lamentó su postura antidemocrática. “Allí una licenciada de apellido Pérez nos maltrató, y dijo que no recibiría nuestra denuncia, es lamentable”, sostuvo Laínez.
Mientras, Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, afirmó que acompañan esta lucha social por ser justa y porque describe claramente la situación que vive la población salvadoreña. Y similar a otros grupos que se encuentran buscando a un familiar desaparecido y la búsqueda de los capturados de forma arbitraria durante el régimen de excepción, que señaló Murillo, “comparten un mismo dolor e incertidumbre”, ante un gobierno que guarda silencio ante las demandas.
“Este gobierno no responde a nadie, no responde por la salud de nadie y no está garantizando las demandas de nadie. Y entonces, ¿Cómo es posible que este gobierno esté pensando en reelegirse?, cuando no ha garantizado ni lo que prometió”, expresó Murillo.
En cuanto a la Ley Especial Transitoria para la constitución del Fondo de Compensación Económica del Personal de Salud, agregó que ya debería estar con su fondo asignado para dar esa reparación económica y atender la salud mental de estas personas, por tanto, se debe garantizar los derechos de estas familias.
“Tenemos una deuda con este personal de salud y debemos saldarla, y que la población dejé de ser víctima de la improvisación, del incumplimiento de las leyes y que por fin obtengan justicia para garantizarles sus derechos”, indicó Murillo.
La compensación económica es de 30 mil dólares por familia y son 88 familiares registradas en el Ministerio de Salud, del que se quejaron por dar largas al proceso y no enviar la lista al Ministerio de Hacienda, para hacer efectiva la entrega de la ayuda económica.
Warner García, cuestionó la lentitud al asignar recursos al Fondo de Compensación Económica, que suman alrededor de 2 millones de dólares, frente a la compra de Bitcoin, que lleva 104 millones de dólares, invertidos por el gobierno.
“Las casetas que están funcionando para utilizar esa moneda de curso legal, pasan más solas que los cementerios en la noche y ahora hasta los están desarmando ¿Cuánto se ha perdido en esas compras del Bitcoin?, y anuncian que se va a construir una ciudad bitcoin, un tren, un aeropuerto de primer mundo, entonces, como pueden decir que no hay dinero”, alegó García.
“La tiene fácil el gabinete para resolver este problema si lo comparamos con el dinero que se invierte en propaganda y ese es un hecho innegable. A mí, me entra la ira cuando veo los vídeos con los de primera línea o los héroes de blanco, pero luego cuando ya no te necesito ¿Qué pasó con lo que queda?, por eso estoy aquí por mi hermanito y porque el derecho le asiste a su familia”, reiteró.
Móises García, del Foro Nacional de Salud, consideró lamentable la situación que vive el país, tratando a las personas como “desechables” por su edad o por su condición económica pese a haber entregado por décadas su trabajo al Estado salvadoreño.
“El personal de salud se entregó, sabiendo que estaban en riesgo, pero lo hicieron y no puede ser que ahora la sociedad les de la espalda a sus familiares y sea indolente ante el sufrimiento de estos. Vivimos en un Estado que no garantiza la vejez de las personas, no hay pensiones garantizadas y mucho menos un nivel de vida aceptable y digno”, manifestó.
“No entendemos como la Asamblea Legislativa expresó su voluntad para que se cumpla la ley -entonces- no podemos pensar que ahora, solo porque una persona quiere negar su cumplimiento no se honra. Ese es un mal mensaje y así también están los policías y maestros que entregaron su vida al trabajo y ahora son desechados por su edad, es como un delito ser adulto mayor”, indicó García.
El mensaje del Foro Nacional de Salud es que se logre implementar una verdadera política de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y así posteriormente pandemias u otras enfermedades no vuelvan a dejar luto y dolor en las familias salvadoreñas.
“Debemos de reflexionar que todos y todas podemos ser -primera línea- ya nos señalaban que hay varios temas que estamos siendo primera línea, hay personas con familiares desaparecidas, de las personas capturadas, las personas víctimas de la pandemia y las personas víctimas de la inseguridad alimentaria”, puntualizó Magdalena Cortez, integrante del Foro Nacional de Salud.
