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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sovaldi sale Jaime Martínez, manifestó que los tres órganos del Estado están obligados constitucionalmente a colaborar entre sí por el bien del país.
Según Martínez, el artículo 86 de la Constitución ya dice claramente que el poder político emana del soberano, que es el pueblo; que cada órgano de gobierno solo tiene las atribuciones que le confiere la constitución, sin invadir las competencias de otro, pero además dice que los órganos de Gobierno están obligados a colaborar entre sí, lo cual es clave, afirmó el aspirante a la Corte Suprema.
Martínez dijo que, no obstante, hay algunos magistrados de la Corte Suprema que ni siquiera contestan las llamadas telefónicas que les hacen funcionarios del Ejecutivo o del legislativo, lo que no tendría porqué suceder.
“No podemos concebir un órgano judicial aislado del Ejecutivo ni del Legislativo y eso es lo que yo creo que ha pasado en nuestro país, se ha conocido de situaciones en las que algunos magistrados, por ejemplo, creyendo que de esa manera ponen a salvo su independencia e imparcialidad, ni siquiera contestan las llamadas de un representante del ejecutivo o del legislativo”, señaló.
El funcionario dijo que la independencia judicial es la “columna vertebral” de todo estado de derecho. “La imparcialidad y la independencia, que son dos principios fundamentales, son propios de la administración de justicia; es decir, no hay administración de justicia si no hay independencia ni imparcialidad”, indicó Martínez en entrevista del programa Debate de canal 35 en la que también participaron los candidatos a magistrados Dafne Sánchez y Jaime Campos.
Sobre una propuesta de abrir al público las sesiones en las salas de la Corte Suprema de Justicia, Martínez se mostró a favor de hacer accesible al ciudadano una serie de discusiones, en las reuniones de magistrados, pero no todas.
“Por ejemplo, todas las atribuciones de carácter administrativo o disciplinario de la carrera de los jueces, que tiene que ver con su nombramiento, la disciplina, sanciones, depuración de jueces, debe de ser totalmente público”, dijo Martínez.
No se mostró de cuerdo con hacer públicos los planteamientos elaborados por los magistrados en los casos concretos a resolver.
“En el análisis, en la formulación de las líneas de resolución que va a dar magistrado, eso no puede ser público porque tiene que estar apegado a un momento (de) mucha responsabilidad… mucho análisis, fundamentación, que no puede estar haciéndola de manera pública”, argumentó.
Martínez sí se mostró de acuerdo que una decisión “ya en la etapa del fallo”, cuando se plantea la valoración y argumentación jurídica de cada magistrado, se pueda divulgar de manera pública.
“No quiere decir que una decisión de trascendencia pública no pueda ser discutida -ya en la etapa del fallo-, eso sí creo que se podría decir, no la fundamentación, pero sí la decisión, me parece que pueda ser sujeta de un escrutinio público”, argumentó.
Por su parte, la abogada Sánchez dijo “Creo yo que en el caso de las sesiones de Corte Plena, podrían ser públicas todas aquellas sesiones en las que se discutan asuntos de trascendencia general, que trascienden el interés de la colectividad; por ejemplo, le discusión del proyecto de presupuesto del Órgano Judicial, nombramiento de jueces y magistrados, los aspectos organizativos de la Corte…”.
La aspirante se mostró en contra de ventilar públicamente los casos presentados a la Corte, que puedan afectar derechos fundamentales de personas determinadas. También se opone a divulgar de forma pública los casos que se estudian en las salas. “No es conveniente porque podríamos transgredir garantías constitucionales y entorpecerse la labor del tribunal”.
El candidato Jaime Campos señaló que hay que diferenciar los ámbitos de aplicación entre los casos de interés privado y los de interés público, y en los casos de interés público por lo tanto “a estos actos de gobierno habrá que imprimirle la publicidad debida”.
Los tres invitados forman parte del listado de 30 aspirantes a magistrados de la CSJ, que han sido entrevistados por una subcomisión de la Asamblea Legislativa que presentará a la comisión política del parlamento los nombres de los aspirantes que, a su criterio, son los más calificados para incorporarse a la Corte Suprema.
