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Por David Alfaro
19/01/2026
–Los recientes hechos sangrientos ocurridos en Guatemala, marcados por asesinatos de policías y custodios atribuidos a estructuras de maras, vuelven a poner sobre la mesa una responsabilidad que no puede seguir evadiéndose. En Centroamérica nada ocurre en aislamiento. Las decisiones de un gobierno, cuando cruzan fronteras, tienen consecuencias humanas, institucionales y de seguridad para países hermanos.–
Desde hace tiempo circulan denuncias y señalamientos públicos sobre la liberación, traslado y facilitación de la salida de pandilleros, incluidos palabreros y soldados de la MS-13 y del Barrio 18, desde El Salvador hacia otros territorios. En esas versiones se menciona el rol de funcionarios como Carlos Marroquín @sliptone, director del Tejido Social, y Osiris Luna Mesa @OsirisLunaMeza director de Centros Penales, bajo órdenes directas de Nayib Bukele @nayibbukele. También se habla de dinero y armas entregadas y de rutas utilizadas que habrían atravesado Honduras y México, con casos conocidos por la opinión pública regional.
Si esas estructuras criminales hoy fortalecen su presencia y capacidad de fuego en Guatemala, el problema deja de ser sólo guatemalteco. Se convierte en una herida regional abierta. Guatemala no pidió recibir el desecho criminal de El Salvador ni cargar con una violencia importada que termina cobrándose la vida de sus agentes y sembrando terror en sus comunidades.
Conviene recordar un hecho clave que no puede borrarse del debate público. La liberación de al menos 27 líderes mareros formó parte del pacto sostenido entre Nayib Bukele y las estructuras de las maras, un pacto que hoy está ampliamente documentado por investigaciones periodísticas y judiciales. Lo más grave es que la mayoría de estos cabecillas fueron liberados en pleno régimen de excepción, cuando al resto de la población salvadoreña se le suspendían derechos y se justificaban detenciones masivas bajo el argumento de combatir al crimen organizado. Esta contradicción no solo erosiona la credibilidad del discurso oficial, sino que refuerza la sospecha de que la violencia no se erradicó, sino que fue desplazada hacia otros países de la región, entre ellos Guatemala.
Por eso, más allá de discursos triunfalistas y narrativas de éxito, corresponde un acto mínimo de responsabilidad política y ética. Nayib Bukele y Carlos Marroquín deberían pedir perdón, de manera clara y pública, al pueblo y al gobierno de Guatemala. Pedir perdón no es un gesto de debilidad, es un reconocimiento de daño cuando las acciones, directas o indirectas, terminan afectando a terceros.
Centroamérica necesita cooperación real, no exportación del problema. La lucha contra las maras no puede basarse en empujarlas hacia el vecino, porque al final regresan convertidas en un monstruo más violento y más organizado. Mientras no se diga la verdad y no se asuman responsabilidades, la región seguirá pagando con sangre decisiones tomadas en la sombra.
