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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La continuidad de los programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, además de que nuestras demandas sean visibilizadas y priorizadas por el nuevo gobierno” son las exigencias del IMU. Así lo dijo Mhaydeé Recinos, de dicha instancia, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales que integran alrededor de cincuenta mil mujeres a nivel territorial, se pronunciaron en esta fecha conmemorativa para demandar el cese de la discriminación y la exclusión social a la que se han visto sometidas históricamente, y exigieron el seguimiento de acuerdos y programas que las beneficien y a su grupo familiar.
Mhaydeé Recinos explicó que hubo avances en los últimos diez años, asignando una legislación especializada y el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, así como la apertura del diálogo en la búsqueda de acortar las brechas sociales y económicas, pero lamentaron que el nuevo gobierno aún no de muestras de apertura o de dar seguimientos a compromisos adquiridos.
“Vemos con mucha preocupación que el nuevo Gobierno haya eliminado a las secretarías Técnica de Planificación (SETPLAN), la de Inclusión Social (SIS) y de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), que nos deja muchas dudas respecto al rumbo y prioridades del Estado, en términos de políticas públicas y de la participación y contraloría ciudadana; eso nos preocupa”, sostuvo.
Asimismo, señalaron que las mujeres siguen viviendo en un marco de preceptos machistas, patriarcal y androcéntrica, que promueve el sistema capitalista neoliberal terminando por profundizar las desigualdades sociales e inequidades que golpean directamente a las mujeres del país.
“Vivimos en un país en donde las cifras de hechos de violencia contra las mujeres son alarmantes, de acuerdo al Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las mujeres (SNDVM), esfuerzo conjunto del Misterio de Justicia y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que para el año 2018 registró 20,723 casos de violencia contra las mujeres. El 96.94 % fue violencia física, patrimonial y sexual; en este seis de cada diez mujeres en el área rural ha sido agredidas a lo largo de su vida”, acotó.
La propuesta de una nueva Reforma Agraria con enfoque de género, agregó Recinos, es necesaria porque muchas leyes sobre la tenencia de la tierra datan del siglo pasado y no están armonizadas con nuevos marcos jurídicos que reconocen derechos de las mujeres.
“La Ley Agropecuaria data de 1950, a la fecha no ha recibido reforma, ni armonizada con leyes actuales que dan protección a las mujeres; de eso estamos hablando al proponer una reforma agraria con visión de género. Porque no basta que se les atribuya un lugar donde vivir, también las mujeres necesitan tierra donde producir”, alegó.
Mientras, Blanca Zulma Hernández (CRIPDES) manifestó que el presidente Nayib Bukele debe reconocer como referente consultivo a la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, por tener presencia en diferentes espacios de coordinación interinstitucionales e intersectoriales, con el fin de evaluar los programas y proyectos de mujeres rurales, indígenas y campesinas.
“Queremos la continuidad del programa Ciudad Mujer y que se garantice que estos cuenten con el personal idóneo para brindar atención con eficacia y calidez; la construcción de dos hospitales especializados para mujeres, como el hospital de la Mujer, uno en occidente y el otro en la zona oriental del país. Y, ante todo, que se nos garantice el acceso a educación, salud y formación técnica y especializada”, concluyó.
