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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“A mis 17 años de edad sufrí una emergencia obstétrica, me accidente en la casa y llamé al 911, me dijeron que enviarían una patrulla (PNC) para que me llevara (al hospital), nunca llegaron, y mi bebé nació y no reaccionó, luego recuerdo que tenía muchas luces en mi cara, estaba en una camilla en el hospital, un policía me tomaba fotos y me dijo -Me voy a encargar de que me pudriera en la cárcel- y así fue”, relató Kenia, sobre su caso.
Kenia, originaria de Cuscatlán, en su testimonio recordó cómo ese agente policial se convirtió en el testigo acusador en su proceso judicial al señalar que “la palabra de él estaba por sobre la mía”, y que a sus 18 años, enfrentó la cárcel por una acusación injustificada.
“Fue algo tan injusto, perdí toda mi juventud, mi familia y todos mis planes de superación se vinieron abajo. Muchas veces, por ser personas de bajos recursos nos encontramos en este tipo de situaciones y tenemos que pagar, pese a que las investigaciones no se hagan a fondo y la palabra de un policía valga más que la mía”, insistió.
“He estado 9 años en prisión, ahora que ya salí recuperé mi familia, pero no quiero estancarme, estoy estudiando inglés, quiero perfeccionarme en cosmetología y así poder ayudar a mi familia y pedir por mis otras compañeras que están privadas de libertad por esta misma causa, y son inocentes, y que este año sea posible vuelvan a reencontrarse con sus familias, y agradezco a cada una de las personas que estuvieron siempre con cada una de nosotras”, agregó Kenia.
En un trabajo jurídico de revisión de sentencias y peticiones de indulto, así como, una constante investigación que han venido desarrollando desde el año 2010, la Colectiva Feminista en casos de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, les ha permitido contextualizar la existencia de una “criminalización” a mujeres jóvenes, expresó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto .
En una reunión especial con periodistas, Elsy, Evelyn, Kenia y Karen, compartieron sus testimonios sobre sus casos desde sus emergencias obstétricas, la búsqueda de ayuda médica, la separación de sus familias y las acusaciones arbitrarias y antojadizas de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y el prejuicio de los trabajadores de los centros de salud.
Estas cuatro mujeres que han recuperado su libertad luego de enfrentar condenas arbitrarias de 30 años de cárcel por homicidio agravado, expresaron su agradecimiento a la Colectiva Feminista, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y otras organizaciones internacionales por unir esfuerzos, creer en su inocencia, acompañarlas y lograr la reivindicación de sus derechos humanos.
En la conferencia quedó claro también la existencia de un sistema de justicia que faltó en garantizar la presunción de inocencia, la omisión del personal de la salud al derecho a la intimidad (secreto profesional) y el deficiente conocimiento de abogados públicos asignados a sus casos, quienes presentaron defensas negligentes o débiles.
“Estas mujeres jóvenes -que han sido condenadas- en su mayoría, enfrentan también una situación de pobreza, niveles relativamente bajos de formación académica y situaciones de vulnerabilidad que les impide tener una defensa efectiva y servicios de salud privado. Ese es el patrón que enfrentan las mujeres”, afirmó Herrera.
La reunión tuvo como objetivo también, la petición de Kenia, Evelyn, Karen y Elsy, al presidente Nayib Bukele, de liberar a las mujeres que aún permanecen en prisión por similares circunstancias a partir de un sistema de justicia que ejerce violencia de género.
“La criminalización de mujeres por emergencias obstétricas es una consecuencia de la ley que penaliza el aborto en forma absoluta, porque provoca un estigma y prejuicios contra mujeres y adolescentes que viven en situación de pobreza, porque amarra las manos al personal médico para que puedan atender a sus pacientes sin condicionamientos y amenazas”, expresó.
“La libertad de estas mujeres es un paso importante, pero tenemos que lograr que todas salgan de la cárcel, que recuperen su libertad, que no haya más mujeres perseguidas, no más denuncias en los hospitales públicos y terminar con los encarcelamientos injustos“, sostuvo Herrera.
Mientras, Elsy señaló: “fueron 10 años muy difíciles en prisión, pero ahora estoy contenta de estar de nuevo con mi hijo y mi familia”, al relatar que esa condena no le permitió ver a su hijo crecer en su etapa infantil.
“Estoy muy contenta y solo espero ver a mi hijo con un futuro para él y también para mi familia, pero también les pido que continúen en la lucha con nosotras, para que también algún día nuestras otras compañeras que guardan prisión injustamente, puedan salir y poder volver con sus familias”, sostuvo Elsy.
Mientras, Evelyn, originaria de La Libertad, refirió que cuando sufrió su emergencia obstétrica estaba en su casa familiar y los policías que atendieron el llamado en su auxilio, decidieron no llevarla al hospital, sino a las bartolinas, en donde la acusaron de un aborto.
“Ahí comenzó mi proceso, tuve tres audiencias en cada una de ellas, tuve diferentes abogados, que no pudieron defenderme porque no conocían mi caso y esta ley me condenó a 30 años de prisión, esto me separó de mi hijo y familia por 13 años, ha sido muy difícil para mí estar lejos de ellos porque son la base importante en mi vida”, comentó.
“Creo que esta ley es injusta que nos criminaliza por ser mujeres y que igual a mis compañeras somos inocentes y solo espero poder lograr montar un negocio propio de panadería para apoyar a mi hijo que hoy tiene 16 años de edad, y le entusiasma la computación, mi objetivo es ayudarlo y que saque su carrera y para las que guardan prisión, pido la libertad de ellas”, sostuvo Evelyn.
Para la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la pérdida del embarazo puede ocurrir en cualquier momento debido a diversos factores, que incluye la hipertensión, ovarios poliquísticos, diabetes o afecciones crónicas que no se han tratado a tiempo.
En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres han experimentado emergencias obstétricas fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador, desde el año 2009, de las cuales 62 mujeres han sido liberadas.
