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Redacción Nacionales
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El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud en El Salvador (SITRASALUD) señalaron que en el anteproyecto del Presupuesto General del Estado 2026, se contempla la supresión de 775 plazas en el Gobierno central.
Las organizaciones señalaron que antes del cierre del año 2025, el Gobierno de Nayib Bukele “ha despedido de manera ilegal y arbitraria” a 18,585 trabajadores públicos. Esto inició con despidos “ilegales” del 19 de octubre de 2024 después de la primera “marcha blanca” que realizaron varias organizaciones sindicales.
Sumado a ello, en el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado en diciembre de 2024, suprimieron 11,200 plazas de personas “que fueron lanzadas al desempleo”. Sin embargo, “la ola de despidos no ha cesado”, lamentaron las organizaciones.
También, se han incrementado las renuncias debido “al maltrato laboral”, como los casos ocurridos en el Hospital Rosales, cuyo cierre afectó a cerca de 1,500 trabajadoras y trabajadores entre médicos, enfermeras, personal técnico de salud y administrativos; “muchos de ellos fueron obligados a renunciar esperando una indemnización hasta el año 2027, otra parte ha sido reubicada en otros establecimientos de salud”.
En la presentación del Proyecto de Presupuesto 2026, solo en el Gobierno central se refleja la supresión de 775 nuevas plazas. Según el Portal de Transparencia Fiscal, en el presupuesto 2025 se tenía una cantidad de 128,649 plazas mientras que en el anteproyecto de 2026 se tiene una cantidad de 127,874.
Las organizaciones señalan que en las Normas de Formulación del Presupuesto 2026 y en la Política Presupuestaria 2026, se establece que «las instituciones deberán suprimir todas las plazas vacantes», «se prohíben los incrementos y nivelaciones salariales» y «se restringe la programación de plazas nuevas».
Con respecto a los escalafones plantea que “la programación estará sujeta a la disponibilidad financiera y su aplicación no excederá los techos máximos establecidos».
Las organizaciones plantean que “es clara” la política del actual gobierno, “en contra de las familias pobres” de El Salvador “a quienes le niega el derecho a la educación gratuita y de calidad al obligar al retiro forzoso a más de 4,000 maestras y maestros el año pasado, cuyas plazas han sido suprimidas en el Presupuesto 2026; sin embargo, únicamente consignan una reducción de 115 plazas, lo mismo hicieron el año anterior, reconocieron 778 supresiones y obligaron a miles al retiro forzoso”.
Las organizaciones demandaron del Gobierno de El Salvador respetar el derecho constitucional al trabajo, el cese los despidos ilegales, que se respete el debido proceso, que se cumpla con las leyes que garantizan el incremento salarial para más de 40,000 maestras y maestros.
También, demandan detener los despidos “arbitrarios e ilegales” de trabajadoras y trabajadores municipales. Pidieron detener la privatización de la salud, garantizar el derecho al trabajo a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, personal administrativo y demás personal de salud.
A las autoridades judiciales que actúen apegado a la Constitución de la República y a resolver las diferentes demandas de reinstalo y nulidad de despido interpuestas.
