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Redacción Nacionales
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Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que después de las elecciones presidenciales de febrero 2019, los líderes de la MS-13 se reunieron en secreto durante numerosas ocasiones, con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las cárceles de Zacatecoluca e Izalco y en otros lugares.
Estas reuniones fueron organizadas por el gobierno salvadoreño y funcionarios penitenciarios, incluidos entre otros, el director del Centro Penales, Osiris Luna, y el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Entre los acuerdos están usar la influencia y dirigir a los miembros de la MS-13, amigos y familiares de estos, así como residentes de las zonas bajo su control, para apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 y lograr el poder legislativo, tal como sucedió donde el partido del presidente Bukele y sus aliados políticos obtuvieron una gran mayoría en la Asamblea Legislativa.
Según el documento, los representantes del gobierno que asistían en secreto a estas reuniones en las prisiones, a menudo usaban máscaras y se negaban a identificarse cuando ingresaban a las prisiones en violación de las normas penitenciarias. Los líderes de la MS-13 fuera de la prisión también asistieron a estas reuniones dentro de las cárceles.
Los líderes de la MS-13 también usaban máscaras y camisas de manga larga para ocultar sus tatuajes e identidades, se les proporcionaron carnets oficiales que los identificaban como agentes de inteligencia o del orden público, y eran escoltados por funcionarios penitenciarios salvadoreños.
Jorge Alexander de la Cruz coordinó los esfuerzos de los líderes y miembros de la MS-13 fuera de prisión involucrados en estas negociaciones, también, brindó instrucciones y orientación en nombre de la Ranfla Nacional a los líderes de la MS-13 fuera de la prisión que participaron en las negociaciones.
La MS-13 también acordó reducir el número de asesinatos, a cambio de no extraditar a Estados Unidos a los líderes de dicho grupo criminal que son solicitados por ese país para su enjuiciamiento por diversos delitos; además, pidió mantener el control de la MS-13, cambios legislativos y judiciales, sentencias de prisión reducidas que resultarían en la liberación anticipada de los líderes en la prisión.
“Esto benefició políticamente al presidente Nayib Bukele, al crear la percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios, pero los líderes de la MS-13 continuaron autorizando asesinatos pero los cuerpos de las víctimas fueron enterrados o escondidos”, señala el documento.
“La Ranfla en las calles” trabajó con clicas en El Salvador para identificar los nombres y direcciones de policías, militares y funcionarios gubernamentales en sus áreas, como objetivos potenciales para los ataques planeados.
El Programa de México también operó un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las operaciones, en caso que el gobierno de El Salvador redujera con éxito la estructura de mando y control de la MS-13. Además, pudo intermediar la compra y el transporte de armas de México a El Salvador para operaciones ofensivas.
El 14 de enero de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una acusación en el Distrito Este de Nueva York que culpó a 14 miembros de la Ranfla Nacional, incluidos Borromeo Enrique Henríquez, conocido como “Diablito de Hollywood” y Elmer Canales Rivera, alias “Ladrón de Hollywood”, por delitos de terrorismo y anunció explorar opciones para extraditarlos. El entonces fiscal general mostró su apoyo de extraditarlos a Estados Unidos para su enjuiciamiento.
En 2021 y 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó solicitudes formales de extradición para doce de los acusados, la Ranfla Nacional y otros líderes de la MS-13 exigieron que el gobierno de El Salvador se negara a entregarlos.
El 4 de febrero de 2021, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) publicó una Notificación Roja para Canales-Rivera, quien fue arrestado en El Salvador, el 22 de julio de 2021, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición, posteriormente, el gobierno de El Salvador lo liberó de la custodia, pese a la Notificación Roja de INTERPOL y la solicitud de extradición pendiente de los Estados Unidos.
