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Redacción Nacionales
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La Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunció que en el sector público se ha despedido a 47 mil trabajadores, así lo dijo Rafael Méndez, representante de la Mesa, un espacio que aglutina a los sectores públicos, municipal, privado e independiente.
En el marco de la marcha celebrada este 15 de septiembre por los 205 años de la independencia de Centroamérica, Méndez informó sobre estos despidos y se pronunció sobre temas que aquejan a los trabajadores.
Denunció que el Gobierno “atenta” contra los puestos de trabajo de más de 47 mil trabajadores y trabajadoras del sector público y municipal. Esto afecta no sólo al derecho al trabajo, sino también “al derecho a la alimentación, vivienda, educación, salud”.
Además, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) expuso que entre 2025 y 2026 se han suprimido más de 23 mil plazas de trabajo en diferentes instancias gubernamentales. Entre ellas, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PDG).
Rafael Méndez cuestionó la ausencia de una “pronta y cumplida justicia” por parte de las autoridades, al señalar que, pese a haber presentado centenares de denuncias en materia laboral y contencioso-administrativa, los casos de despidos injustos bajo la figura de “supresión de plaza” siguen sin resolverse. Según Méndez, estas medidas se ejecutan sin respetar el debido proceso ni las garantías administrativas, dejando a cientos de trabajadores en un limbo que calificó de injusto e inhumano.
La Mesa destacó que cientos de directivos sindicales fueron despedidos irrespetando el fuero sindical y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la misma Constitución de la República, el Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil.
Méndez también denunció que las empresas privadas siguen con el despido de trabajadores/as, la gran mayoría mujeres en maquilas, y esto “vulnera la estabilidad laboral y la protección de derechos laborales, con la complicidad del gobierno y de funcionarios del Ministerio de Trabajo, el cierre de empresas es un signo de inestabilidad financiera en nuestro país”.
El dirigente de la Mesa destacó que en el “afán” de favorecer a los empresarios, desde el Consejo Superior del Trabajo se discute la ampliación de la jornada laboral a 11 horas diarias y 4 días a la semana, “en un intento por abolir la jornada de 8 horas e imponer modalidades flexibles de trabajo”. Sobre este tema, se pide diálogo y participación de los sectores populares.
Sobre el desempleo, Méndez agregó que también afecta a los comerciantes por cuenta propia que son desalojados sin una alternativa para llevar el sustento a sus hogares. “Miles de vendedores son desalojados de las calles, por parte de las municipalidades, sin darles alternativas viables, son perseguidos, criminalizados, estigmatizados, amenazados, sufren el decomiso de sus mercancías y no se les respeta su dignidad humana”, lamentó.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral señaló, además, que el proceso de privatizaciones de servicios públicos: salud, educación, recolección de desechos sólidos, “genera desprotección en derechos laborales ya conquistados, como la estabilidad laboral, libre sindicalización, respeto a la jornada laboral, y pago de otros beneficios”.
Como colectivo, pidieron frenar los despidos masivos ya que esto deja a miles de familias sin el sustento diario, sin alimentación adecuada, sin educación, sin salud. También, que se respete a los directivos sindicales y el cese de sus despidos ya que esto “provoca un ataque directo a la actividad propia de un sindicato”.
