Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Al hacer un análisis de los últimos siete meses que tiene este gobierno, hay señales que nos preocupan, como no haber nombrado aún a los gobernadores departamentales, que son los que están al frente de las Comisiones Departamentales de Protección Civil”, explicó Rubén Quintanilla, integrante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR).
El pronunciamiento de la MPGR se da en el marco del 19 aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001, con una magnitud de 7.6 grados en la Escala de Ritcher, que por 45 segundos devastó a San Salvador y Santa Tecla, generando 944 personas fallecidas, así como 5,565 personas lesionadas y un grupo numeroso de damnificados que rondó el millón 364 mil 160 afectados.
Quintanilla agregó que la falta de la figura del gobernador no es antojadiza, ya que el territorio nacional ha sido evaluado con un 88.7 % como “zona de riesgo”, y sobre esta superficie se concentra el 95.4 % de la población, como lo acredita en sus estudios el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
“Si hubiera un fenómeno natural que se transforme en desastre, ¿cómo van a reaccionar estas comisiones? Es una mala señal, porque tampoco conocemos las alternativas del Gobierno a las funciones que tienen los gobernadores y otra señal preocupante es que no hemos visto ninguna reacción de parte del Ejecutivo; ante esta fecha (13 de enero), muchos medios hicieron análisis sobre el tema e historia, pero no hay posicionamiento oficial; entonces creemos que no se le está dando importancia a la gestión del riesgo”, afirmó.
En cuanto a presupuestos para la gestión del riesgo, Alan Martell (MPGR) lo considera como elemento sustancial, para enfrentar o prevenir el impacto de los desastres naturales, pero deberá ir coordinada a la institucionalidad.
“Lo más importante es que las instituciones funcionen en un momento de emergencia; pero, al faltar los gobernadores que tienen un rango constitucional, es realmente una cosa delicada que el actual Gobierno no los haya nombrado y es un tema central para nuestro país. Y consideramos que el tema de la vulnerabilidad y prevención debería ser el enfoque de todo el quehacer gubernamental”, consideró.
La gestión integral del riesgo, señaló Karen Ramírez, es que todas las figuras ya sea políticas e institucionales deberían contar con este andamiaje que va desde la localidad hasta lo nacional, a fin de dar respuestas efectivas en momentos de emergencia o crisis.
“Aquí falta un abordaje de acuerdo a la ley prescrita, que es la Ley de Protección Civil que tiene muchos vacíos y, sin los gobernadores, puede agudizar la emergencia. Recordemos que la niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores son los grupos de mayor vulnerabilidad en las diferentes zonas de riesgo, es por esto que llamamos al Ejecutivo a cambiar el enfoque para abordar la gestión de riesgo”, señaló.
La propuesta de la MPGR consiste en una reformar la Ley de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres, con un enfoque “preventivo y prospectivo de los riesgos”, que deberá ser impulsada desde la Asamblea Legislativa y la Comisión Nacional de Protección Civil, que la integran diversos ministerios del órgano Ejecutivo, así como otras instancias.
