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Saúl Méndez
Colaborador
La Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos en El Salvador, organizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se realiza del 2 al 4 de septiembre y cuenta con la participación de procuradores de distintos Institutos Nacionales de Derechos Humanos (INDH) del continente.
Organizaciones salvadoreñas denunciaron haber sido excluidas del evento, en el que además se evitaron temas como capturas arbitrarias, torturas en centros de detención, muertes de reos, exilios forzados y persecución a defensores de derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
Durante el segundo día de la cumbre, una comitiva del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró frente al complejo Salamanca, en Nuevo Cuscatlán, sede del evento, para exigir a la procuradora de la PDDH, Raquel Caballero, el cumplimiento de sus obligaciones legales y abogar por la liberación de personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción.
Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, señaló que la procuradora ha incumplido sus obligaciones como autoridad encargada de garantizar la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, lo que, aseguró, constituye un delito de incumplimiento de deberes.
“Venimos a exigirle el cumplimiento de los derechos que como víctimas tenemos, los cuales están vinculados a las obligaciones legales y constitucionales que usted posee y que no ha ejercido en favor de los inocentes detenidos, fallecidos y esclavizados por el Estado salvadoreño”, manifestó Ramírez.
Asimismo, criticó la exclusión de organizaciones defensoras en la cumbre. “Olvidó invitar a quienes seguimos luchando por las víctimas de este Estado represor, que margina, captura y mata a los pobres en cárceles, comunidades y hospitales; que niega educación de calidad a nuestros hijos y trabajo digno a la población. Es una pena que no haya un espacio para nosotros ante sus honorables invitados, y que se les prive de escuchar directamente lo que viven las personas a quienes usted se niega a defender, incumpliendo así su deber constitucional, legal y convencional”, agregó.
Por su parte, familiares de personas detenidas señalaron que, pese a presentar arraigos, antecedentes penales limpios e información médica ante la PDDH, solo han recibido negativas, puertas cerradas y un discurso que respalda la vulneración de derechos humanos.
“Desde que inició el régimen de excepción, miles de familias hemos denunciado ante la Procuraduría las detenciones arbitrarias, la situación de salud de nuestros parientes y el fallecimiento de cientos, si no miles, porque la información está en reserva, a causa de torturas infligidas por custodios en los centros penitenciarios”, lamentó el vocero de MOVIR.
También denunciaron que, durante los últimos 42 meses, han solicitado sin éxito que se cumpla el derecho nacional e internacional que permite a los detenidos recibir visitas de abogados y familiares.
“Le pedimos, señora Procuradora, que intercediera para que a esos inocentes encarcelados injustamente les hicieran llegar cartas revisadas por especialistas, garantizando que no contenían mensajes indebidos, y usted respondió que no era su deber”, denunció Ramírez.
“Usted tiene la obligación legal de visitar los centros penales, pero no lo hace. Tiene la obligación de exigir al Estado salvadoreño y a las autoridades penitenciarias que se cumpla con el control de convencionalidad y constitucionalidad en favor de nuestras hijas e hijos injustamente detenidos, pero hasta la fecha no lo ha hecho”, denunció el vocero de MOVIR.
Ramírez también cuestionó la realización de la cumbre: “Qué bueno que organice una Cumbre Global de Derechos Humanos en nuestro país, pero muestre en ella cómo se vulneran a diario los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias; de los miles de niños que han quedado en orfandad; de la pobreza extrema a la que nos han orillado al detener a nuestras hijas e hijos. Somos nosotros quienes debemos costear paquetes de comida que nunca llegan, ropa y medicinas que tampoco se entregan en los penales”.
“Cuénteles cómo nuestros hijos e hijas inocentes mueren de hambre, de enfermedades y de torturas que usted se niega a investigar; cómo miles de adolescentes entre 12 y 17 años son capturados por ser pobres y no por ser delincuentes; cómo la Procuraduría abandona al pueblo, llevando a prisión a campesinos, obreros, estudiantes y trabajadores”, agregó.
“Dígales también cómo bebés han sido contagiados de tuberculosis en las cárceles y cinco de ellos han muerto tras ser separados de sus madres, mujeres inocentes que no deberían estar presas. Explique cómo hemos denunciado abusos sexuales contra mujeres en los centros penales y, aun así, usted no ha luchado por ellas. Todo esto ocurre mientras usted guarda un silencio que nos mata cada día”, finalizó.
Una Procuraduría marcada por el silencio institucional
Durante la concentración pacífica del miércoles 3 de septiembre, MOVIR recordó que la Constitución establece claramente las atribuciones y competencias de la PDDH.
“El artículo 12 obliga a la Procuraduría a supervisar los centros penitenciarios, mantener un registro de las personas privadas de libertad, velar por sus garantías y debido proceso, prevenir la incomunicación con abogados y familiares y, sobre todo, emitir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales e intelectuales de violaciones a los derechos humanos”, señaló el movimiento.
“De todo lo anterior, ni usted ni el Estado salvadoreño han cumplido ninguna obligación. Aún más grave, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado por negarle el debido proceso a personas inocentes en el caso Agapito Ruano Torres vs. El Salvador, sentencia vigente y de obligatorio cumplimiento. Asimismo, se han emitido opiniones consultivas como OC 08/87, OC 09/87, OC 17/2002, OC 29/22, junto a numerosos tratados y pactos internacionales suscritos por El Salvador, que al parecer usted ignora en beneficio de los gobernantes en turno”, denunció MOVIR.
El movimiento exigió a la procuradora Raquel Caballero que cumpla con todas las peticiones presentadas durante más de tres años, así como otras acciones que la ley le faculta a ejecutar.
La gestión de Caballero ha estado marcada por la polémica: trabajadores sindicalizados de la PDDH han denunciado despidos arbitrarios en los últimos meses.
“Use su investidura para defender al pueblo, no solo para viajar y organizar foros mostrando un país que no existe, donde los derechos humanos son vulnerados por todos los funcionarios, comenzando por usted”, concluyó MOVIR.
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