MOVIR rechaza audiencias masivas; piden juicios justos contra sus inocentes 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró este viernes en las afueras del Centro Judicial contra el Crimen Organizado, en Soyapango, para rechazar las audiencias únicas masivas que realizan los juzgados en contra de los detenidos bajo el régimen de excepción, ya que, en estas, también se han de condenar a personas que nada tienen que ver con pandillas.

Alfredo Mejía, integrante de MOVIR, informó que como movimiento de familiares de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción se concentraron en las afueras de la sede judicial “para decirles a los señores jueces que trabajen a criterio propio. No estamos (de acuerdo) con las audiencias masivas a donde están condenando a 60 años a inocentes, pero eso es poco”, ya que el principal testigo de la FGR, es “un pandillero activo”, el cual se ha criteriado para acusar a los demás procesados.

“Muchos ya han sido condenados, pero han sido señalados por el testigo criteriado que carga la fiscalía, es un pandillero que está pagando una pena y lo cargan como criteriado”, informó Mejía.

A juicio del ciudadano, esto significa que “ya no estamos a exprensas de un fiscal o de un abogado para que nos diga si somos inocentes o somos culpables; estamos a expensas de un criminal que le ha hecho daño a la sociedad y es el que viene a señalar a un inocente para condenarlo a 60 años”.

Mejía planteó que ya hay casos de condenas en las audiencias masivas; por ejemplo, el caso de Jisel Majano, en Sonsonate, quien su hermano fue condenado a 60 años sin pertenecer a pandillas, debido a las audiencias masivas.

“O será que en las audiencias masivas estamos condenando fallecidos que han quedado en fosas comunes, en centros penales. Ese es el problema. Y por eso estamos acá, para decirle a los jueces que queremos procesos pegados a derechos, no que sigan un guion”, destacó Mejía.

El ciudadano y vocero de MOVIR enfatizó que aproximadamente el 95% de los detenidos inocentes, son gente pobre, obrera, amas de casa, campesinos. “Ese es el problema por el que nos encontramos acá, como movimiento de víctimas, para decirle a los jueces que no estamos (de acuerdo) con audiencias masivas.”.

Samuel Ramírez, de MOVIR, señaló que en dicho centro judicial es donde se condenan masivamente a los detenidos del régimen de excepción. Es de recordar que, en 2023, la Asamblea Legislativa aprobó reformas penales para realizar audiencias masivas, que permiten que miles de detenidos bajo el régimen de excepción sean procesados colectivamente, es decir, por su supuesta clica de la pandilla; con ello el derecho a una proceso justo e individual no se ven afectados, según lo consideran las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los propios familiares de los inocentes detenidos.

“Siempre que hay un juicio masivo muestran a los verdaderos pandilleros para justificar la condena de los inocentes. Esta es una actitud perversa del gobierno”, comentó Samuel Ramírez, ante la propaganda que emite el Gobierno cuando los centenares de pandilleros enfrentan las audiencias masivas frente a las cámaras.

Ramírez alertó que en el Centro Judicial de Soyapango se comete “un genocidio” ya que se condenan a 20, 40 y 60 años a miles de personas sin que hayan cometido delitos.

MOVIR señala que acompaña a las víctimas del régimen, pero primero se comprueba que no tienen vínculos con pandillas. “No aceptamos que alguien vinculado a las pandillas pueda estar en MOVIR porque, por supuesto, nosotros también queremos la seguridad”.

Ramírez destacó que si bien, El Salvador se libró de las pandillas; pero ahora “es víctima del régimen de excepción”.  “Ahora nadie está seguro en este país. La gente no duerme, pensando que puede ser capturado por un chambre, por una llamada anónima, o porque a un policía se le ocurrió que hay que llevarlo”.

El dirigente de MOVIR aclaró que no denuncian el combate a las pandillas, sino que condenan los procesos arbitrarios que condenan a la población sin comprobarse la culpabilidad de un delito.

El régimen de excepción se implementó desde el 27 de marzo de 2022; luego de un repunte en los homicidios que según investigaciones periodísticas se dieron luego de la finalización de la tregua entre el Gobierno de Bukele y las pandillas. Desde entonces se han detenido a más de 92 mil personas; entre ellos, personas que nada tienen que ver con pandillas; inclusive el mismo Gobierno ha reconocido que ha detenido a personas sin vinculaciones con pandillas que ha liberado luego de indagar su perfil.