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Sara Moroe
Colaboradora
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) iniciaron la recolección de arraigos con familiares de inocentes detenidos bajo el Régimen de Excepción para entregarlos a Casa Presidencial, pedir la liberación. Las familias buscan que sus casos sean incluidos en la revisión anunciada por el presidente Nayib Bukele, y reclaman que las personas inocentes no sean obligadas a confesar delitos para recuperar su libertad.
La jornada de recolección de arraigos, impulsada por MOVIR) y el BRP, busca reunir expedientes que serán presentados a Casa Presidencial, en respuesta al anuncio del presidente Nayib Bukele sobre una revisión de casos de personas privadas de libertad.
La iniciativa pretende que las autoridades tomen en cuenta a quienes, según sus familiares y organizaciones de derechos humanos, fueron capturados sin pruebas de participación en estructuras criminales. Los documentos incluyen constancias laborales, académicas, familiares y testimonios de vecinos, con los que las familias buscan acreditar que los detenidos mantenían vínculos comunitarios y actividades cotidianas antes de su captura.
Samuel Ramírez, representante de MOVIR, explicó que la jornada responde al compromiso expresado por el mandatario el pasado 13 de octubre, cuando se refirió a la posibilidad de revisar casos de personas detenidas que tenían algún nivel de vinculación con pandillas.
Sin embargo, Ramírez sostuvo que la revisión también debe contemplar a quienes aseguran ser inocentes y que, a su juicio, no han recibido una respuesta efectiva de las instituciones responsables de garantizar su defensa.
“Hay muchos inocentes y para los inocentes no debe haber ninguna condición para liberarlos. No se les debe obligar a confesar delito. Tienen que ser liberados de una manera definitiva”, afirmó.
Una jornada impulsada por las familias
La recolección de documentos reunió a decenas de familiares de personas detenidas. De acuerdo con Ramírez, se esperaba la participación de aproximadamente 80 personas y, durante la jornada, ya habían acudido más de 50.
La actividad se extendió durante la mañana y parte de la tarde de este viernes 30 de octubre, con el propósito de recibir los documentos de todas las familias que se presentaran.
El representante de Movil señaló que la organización desarrolla estas acciones con recursos limitados y sin financiamiento. También cuestionó la falta de respuesta institucional para atender a las familias que buscan demostrar la inocencia de sus parientes.
“Adelantar este trabajo debería hacerlo la Procuraduría General de la República, que es la institución que tiene un presupuesto para eso”, manifestó.
Ramírez afirmó que MOVIR no cuenta con personal contratado para atender a las víctimas de manera permanente y que su trabajo se sostiene mediante la voluntad de sus integrantes y el apoyo de las personas que se acercan a la organización.
Las familias han recurrido a las redes sociales y a jornadas anteriores en instituciones públicas para establecer contacto con el movimiento y solicitar acompañamiento.
Documentos entregados sin respuesta
La nueva recolección de arraigos no es la primera que MOVIR realiza ante el Ejecutivo. Ramírez recordó que la organización ya presentó más de 250 expedientes a Casa Presidencial y que, en 2024, entregó documentación que superaba las 3,000 páginas.
Ante la falta de información sobre el destino de esos documentos, el movimiento envió una carta al presidente Bukele para solicitar que se explique qué ocurrió con los paquetes entregados.
Ramírez señaló que las familias realizan gastos en fotocopias, certificaciones y otros documentos que, según su percepción, terminan archivados sin que exista una respuesta sobre su revisión.
“Queremos saber dónde está esa documentación. Que nos devuelvan esa información si es que no la han tomado en cuenta”, expresó.
La organización espera que los nuevos expedientes sean presentados durante diciembre, cuando se complete la recopilación de los documentos y se actualicen los arraigos de las personas que ya habían participado en jornadas anteriores.
El movimiento pretende que la revisión anunciada por el Ejecutivo no se limite a personas que hayan tenido vínculos con pandillas, sino que incluya a quienes sostienen que fueron detenidos injustamente.
Organizaciones cuestionan las reformas penales
Frank Omar, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), llamó a las familias a mantener la organización y continuar las acciones para exigir la liberación de sus seres queridos.
El dirigente expresó preocupación por las reformas al sistema penal y por la manera en que se desarrollan los procesos judiciales contra personas capturadas durante el régimen de excepción.
A su juicio, las modificaciones legales y los procedimientos aplicados están orientados a facilitar condenas, incluso en casos donde las personas detenidas no han sido vencidas en juicio.
Omar sostuvo que las declaraciones del presidente sobre una posible revisión de casos no deben dejar fuera a las personas que aseguran ser inocentes.
“Nos parece grave que nunca se refiriera a las personas inocentes”, afirmó, al señalar que la exigencia de las organizaciones y familiares se ha centrado en la liberación de quienes no tienen responsabilidad penal.
El representante del BRP también cuestionó que las autoridades planteen la revisión de casos bajo el argumento de que algunas personas detenidas tenían vínculos con estructuras criminales. Según dijo, esa narrativa puede generar temor entre la población y reforzar la idea de que todas las capturas realizadas durante el régimen de excepción fueron justificadas.
La búsqueda de respuestas en las instituciones
Las familias han acudido a distintas instancias estatales para solicitar información y revisar los expedientes de sus parientes. Entre las instituciones mencionadas por Omar están la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y Casa Presidencial.
El representante del BRP afirmó que las familias esperan que la revisión anunciada por el Ejecutivo abra una oportunidad para que sus casos sean escuchados.
La incertidumbre sobre la situación de los detenidos, añadió, ha provocado angustia entre los familiares, quienes desconocen cuándo podrán obtener una respuesta sobre sus seres queridos.
“Queremos que esa tortura pare”, manifestó Omar, al insistir en que la organización y la movilización son necesarias para mantener las demandas de liberación.
Mientras tanto, MOVIR prevé completar la recopilación de arraigos y preparar una nueva entrega de documentos al Ejecutivo. Las organizaciones sostienen que la revisión de los casos debe garantizar la liberación definitiva de las personas inocentes, sin condicionamientos ni confesiones obligadas.
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