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Redacción Nacionales
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El despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Haití y la reciente liberación del expresidente Elías Antonio Saca, condenado por corrupción, abrieron un debate sobre la legalidad de las decisiones gubernamentales, el uso de los recursos públicos y la aplicación de la justicia en El Salvador.
Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, el analista Marvin Aguilar y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mirna Perla, cuestionaron las decisiones del Ejecutivo y señalaron que ambos casos reflejan problemas relacionados con la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Los invitados coincidieron en que el envío de tropas salvadoreñas a Haití requiere explicaciones sobre su fundamento jurídico, el financiamiento de la operación y la cadena de mando militar. Asimismo, señalaron que la salida de Saca de prisión, tras cumplir la pena impuesta mediante un procedimiento abreviado, no debe cerrar el debate sobre la recuperación del dinero público.
Una misión militar bajo cuestionamientos
Aguilar y Perla cuestionaron la justificación oficial del despliegue militar en Haití, presentado por el presidente Nayib Bukele como una operación para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que se encontrarían en territorio haitiano.
Los analistas señalaron que las autoridades salvadoreñas no han ofrecido información concluyente sobre el paradero de los cuatro militares ni sobre las circunstancias que rodean su desaparición.
Aguilar sostuvo que, si los aerotécnicos estuvieran muertos, la operación debería orientarse a gestionar diplomáticamente la recuperación de sus cuerpos, mientras que, si permanecen con vida, sería necesario priorizar labores de inteligencia y negociación.
En ese contexto, cuestionó la proporcionalidad del despliegue de aproximadamente 2,500 soldados para una misión que, según la explicación oficial, busca localizar a cuatro personas.
“¿Vas a mandar 2,500 hombres o más para buscar a cuatro?”, planteó el analista, al cuestionar la dimensión de la operación militar.
Los invitados también señalaron que la movilización representa un gasto significativo para El Salvador. Durante la conversación se mencionó una estimación de 15 millones de dólares para el traslado de las tropas, con una participación mayoritaria del Estado salvadoreño en los costos logísticos.
Sin embargo, advirtieron que esa cifra no necesariamente incluye los gastos de manutención, permanencia y eventual retorno de los militares, por lo que consideraron necesario que el Gobierno explique cuánto costará realmente la operación y cuánto tiempo se mantendrá en Haití.
Dudas sobre el marco jurídico y la cadena de mando
Uno de los principales cuestionamientos de los analistas fue la falta de claridad sobre el marco legal que permite la presencia de tropas salvadoreñas en Haití.
Aguilar señaló que una operación de esa naturaleza debe contar con respaldo jurídico y acuerdos entre los Estados involucrados. A su juicio, una conversación telefónica entre Bukele y las autoridades haitianas no sustituye la documentación necesaria para establecer las condiciones de ingreso y actuación de las tropas.
También cuestionó que el despliegue no se encuentre claramente vinculado a la estructura de mando de la misión internacional autorizada por Naciones Unidas.
Según explicó, en Haití operan distintas fuerzas, entre ellas una misión internacional de seguridad y una estructura privada contratada por las autoridades haitianas. Los analistas señalaron que las tropas salvadoreñas aparentemente mantienen una cadena de mando propia y coordinan acciones con otros grupos.
Esta situación, advirtieron, podría generar problemas de responsabilidad si durante las operaciones se producen daños a civiles o bienes.
“¿Dónde está el acuerdo entre Haití y El Salvador?”, cuestionó Aguilar, al insistir en la necesidad de conocer los documentos que respaldan la presencia militar.
Perla sostuvo que la Asamblea Legislativa debería solicitar explicaciones al Ministerio de Defensa sobre la autorización, los gastos y las condiciones de participación de las tropas.
Además, recordó que la salida de efectivos militares del territorio nacional debe sujetarse a las disposiciones constitucionales y a las competencias de las instituciones correspondientes.
Riesgos para la población haitiana
Los analistas también expresaron preocupación por las posibles consecuencias humanitarias de las operaciones militares en Haití, donde millones de personas viven en territorios afectados por enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad.
Aguilar afirmó que organizaciones de derechos humanos están documentando posibles violaciones contra la población civil y señaló que las actuaciones de las tropas salvadoreñas podrían generar responsabilidades para el Estado si se comprueban abusos.
Perla advirtió que la participación de militares salvadoreños en un escenario de conflicto requiere controles y mecanismos de supervisión, especialmente cuando no existe claridad sobre la estructura de mando a la que responden.
La liberación de Saca y el dinero que no se recuperó
En otra parte del programa, los analistas abordaron la liberación del expresidente Tony Saca, quien cumplió una condena de 10 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en un caso de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos.
Perla explicó que, desde el punto de vista jurídico, la salida de Saca responde al cumplimiento de la pena impuesta mediante un procedimiento abreviado, en el que el imputado reconoce su responsabilidad.
Sin embargo, señaló que el problema de fondo es que el sistema penal salvadoreño no garantiza la recuperación de los recursos sustraídos del Estado.
“La gente no está interesada solamente en que alguien vaya a parar a la cárcel por 10 años; le interesa recuperar ese dinero”, afirmó.
La exmagistrada sostuvo que el país mantiene una debilidad institucional para rastrear los fondos públicos apropiados ilegalmente y exigir su devolución, especialmente cuando se trata de personas con poder económico y político.
También cuestionó que la persecución penal se concentre con mayor frecuencia en delitos de menor cuantía, mientras los casos de corrupción millonaria no siempre concluyen con la recuperación de los recursos.
Justicia desigual y privilegios
Perla también cuestionó las diferencias en las condiciones de encarcelamiento entre personas que han ocupado altos cargos públicos y la población privada de libertad.
Afirmó que el trato recibido por Saca contrasta con las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre condiciones penitenciarias, torturas y tratos crueles contra otros detenidos.
La exmagistrada recordó que las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales y que las Reglas Mandela establecen estándares mínimos para garantizar su dignidad.
“Lo que han perdido es la libertad ambulatoria, no han perdido su dignidad como persona”, enfatizó.
