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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) denunció que el Estado salvadoreño aún no ha convocado a una audiencia para evaluar la posibilidad de otorgar medidas sustitutivas a la abogada y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro, tras un año de detención y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares en septiembre de 2025 para proteger su vida e integridad.
La organización enfatizó que la situación de López se agrava debido a los problemas de salud que enfrenta la defensora de derechos humanos. Según Cristosal, Ruth López habría sido ingresada e intervenida en un centro hospitalario sin informar previamente a sus familiares ni a su defensa, y sin detallar las causas médicas.
Ante esta situación, MOVIR cuestionó el nivel de responsabilidad del Estado salvadoreño y su voluntad de acatar las medidas dictadas por la CIDH, organismo que reconoció la “situación de gravedad y urgencia” en la que se encuentra Ruth López y el riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud.
Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, recordó que el Gobierno salvadoreño ha recibido múltiples señalamientos y exigencias relacionadas con el respeto a los derechos humanos, tanto de organizaciones nacionales como internacionales.
Ramírez también se refirió al más reciente informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), el cual solicita el restablecimiento del Estado de derecho en el país.
“Hay un reconocimiento de que no hay Estado de derecho en El Salvador. Está desmontado totalmente”, afirmó Ramírez.
“Piden el levantamiento del régimen de excepción porque, después de cuatro años, ya no tiene sentido. Ya es ilegal, porque las causas por las cuales fue creado ya desaparecieron. Ya no hay violencia por parte de las pandillas, pero ahora la violencia la está ejerciendo el Gobierno”, sostuvo.
El GIPES también concluyó que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno salvadoreño durante el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques, su comisión contra la población civil y su ejecución como parte de una política estatal.
El MOVIR considera que la postura del Gobierno es rechazar esos señalamientos, debido a que aceptarlos implicaría reconocer la existencia de posibles crímenes de lesa humanidad, explicó Ramírez.
“Es reconocer que se están violentando derechos humanos fundamentales en el país. En el caso de Leonor, yo lo he dicho: ella no fue capturada por vínculos con pandillas. Le aplicaron el régimen de excepción y no se le han comprobado los delitos”, lamentó.
“Ya va para dos años, tres años y ahí se va a estar en ese proceso que nunca termina”, denunció.
Además, entre las medidas exigidas por la CIDH al Estado salvadoreño, en el caso de Ruth López, se encuentran la adopción de acciones para proteger sus derechos y garantizar condiciones de detención acordes con estándares internacionales, el cese inmediato de su incomunicación, el acceso regular de familiares y abogados, así como la revisión de la continuidad de la prisión preventiva y la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas.
Víctimas del régimen denuncian recapturas pese a órdenes de libertad
Por otra parte, MOVIR denunció que ha recibido reportes de personas que están siendo recapturadas pese a haber obtenido medidas sustitutivas a la detención en los últimos meses.
“Lo que dijo Bukele en Costa Rica es una contradicción, porque dice que había liberado a 8 mil personas, pero las están recapturando y las están condenando a 20, 40 o 60 años”, manifestó.
“Hace poco me informó una familia de Zacatecoluca que su hijo inocente fue condenado a 40 años de cárcel, a pesar de haber presentado toda la documentación. El Estado salvadoreño está en una situación muy grave, porque aceptar estos señalamientos sería reconocer que aquí hay una dictadura y un régimen criminal que ha cometido crímenes, como lo señala el GIPES”, detalló Ramírez.
El MOVIR advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno busque “cortinas de humo” o espectáculos mediáticos para negar las denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos en el país.
“En el caso de Leonor, nosotros como MOVIR estamos en una campaña permanente para exigir su libertad, porque ya no tiene sentido que siga detenida si no se han comprobado los delitos por los cuales fue capturada”, explicó.
Asimismo, señaló la necesidad de ejercer presión tanto a nivel nacional como internacional.
“Ninguna entidad internacional va a actuar sin ver una presión nacional. Creo que estos señalamientos, denuncias y exigencias de respeto a los derechos humanos son producto de nuestra lucha”, aseguró.
“Hay víctimas luchando en las calles y denunciando permanentemente estas violaciones. También está el tema de los derechos laborales. Ahora vemos a un ministro de Trabajo yendo a la OIT para intentar sacar a El Salvador de la lista corta, cuando aquí se violentan derechos laborales todos los días; despiden a la gente sin derecho a nada. Han desaparecido funciones en las alcaldías y en los hospitales despidieron a más de 1,500 empleados el año pasado. Ahora el hospital Rosales se quedó sin personal”, denunció.
MOVIR reiteró su compromiso de continuar pronunciándose sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.
“Creo que los derechos humanos son el talón de Aquiles de este Gobierno, y MOVIR va a seguir señalándolo como lo hemos venido haciendo”, afirmó.
Por otra parte, informó que presentarán un cuarto recurso de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción.
“Vamos con el cuarto recurso. No hay respuesta ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, porque no pueden justificar que el régimen siga siendo necesario en este país. Creemos que es importante sumarnos a esta lucha”, explicó.
Samuel Ramírez también se refirió a la campaña digital impulsada por el movimiento “Somos El Espino”.
“Admiro a los jóvenes y esa lucha por El Espino. Creo que ha tenido mucho impacto, pero también necesitamos fortalecer más la lucha contra el régimen de excepción, porque el régimen de excepción es la justificación para todas las violaciones a los derechos humanos. Esa ley que prohibía la minería en El Salvador fue revertida bajo este contexto”, enfatizó.
“La gente no se puede pronunciar porque tiene miedo de manifestarse en las calles”, concluyó.
