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Redacción Diario Co Latino
Diversas mesas, redes y foros del movimiento social salvadoreño piden al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque admitir la solicitud de sobreseimiento definitivo y cerrar el proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES detenidos el pasado 11 de enero.
La defensa legal de los defensores ambientales presentó la semana pasada un petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal basada en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, normativa que cobró vigencia nuevamente en julio de 2016 cuando la Sala lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía de 1993.
Dicha solicitud es respaldada por diversos espacios del movimiento social que aglutinan a decenas de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, entre otras. En comunicados publicados en sus redes sociales y enviados a los medios de comunicación, las organizaciones coinciden en que el caso “no tiene pruebas reales” y que se trata de “una manipulación del sistema judicial para perseguir a activistas ambientales que se oponen a la minería metálica”.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica sostiene que “el caso no tiene fundamento jurídico” y que la acusación “no procede debido a la Ley de Reconciliación Nacional”. Al mismo tiempo le recuerda el Estado salvadoreño que tratados internacionales, como la “Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos” promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998, lo obligan a proteger a los activistas ambientales.
El Foro Nacional de la Salud pide que el proceso judicial “sea revertido dada la falta de pruebas”. Señala que “todo apunta a que el caso es un montaje de la Fiscalía y una manipulación del sistema judicial” para perseguir a los ambientalistas frente a las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica”.
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos exige que los líderes comunitarios “sean puestos en libertad para que puedan retomar su labor de defender el agua, el medioambiente y la vida amenazadas por la posible reactivación de la minería”. Y sugiere que Fiscalía y tribunales mejor se empeñen en “investigar verdaderos crímenes de guerra, como las masacres cometidas contra Santa Marta y otras comunidades del país, durante la guerra civil”.
El Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES) también señala “la falta de pruebas” y la improcedencia de la acusación debido a la Ley de Reconciliación Nacional. Además, le señala al Estado su deber de “proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras por la labor que realizan en la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria considera que el caso “es infundado” y señala que en las diligencias de exhumación no fue encontrado el cadáver de la supuesta víctima. Pide que el proceso judicial sea cerrado, se extingan la acción penal y se otorgue el sobreseimiento definitivo para los ambientalistas”
También la academia
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) también se pronunció a favor de la libertad de los líderes comunitarios. En un editorial publicado en su página web afirma que el caso es “una vitrina de arbitrariedades” tan escandalosas que “han provocado dos pronunciamientos de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, una carta de 17 congresistas estadounidenses a su secretario de Estado y el acompañamiento de 250 organizaciones internacionales”.
La universidad jesuita considera que la no apelación de la Fiscalía a la decisión judicial que otorgó el arresto domiciliar para los ambientalistas probablemente sea una admisión de que no puede probar su participación en el delito del que los acusa.
La Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador (UES) menciona las vejaciones que los ambientalistas sufrieron durante el tiempo que estuvieron en prisión y sostiene que el caso penal contra ellos es jurídicamente insostenible. Reconoce su valentía en la defensa del medioambiente amenazado por la minería y exige que el caso sea cerrado.
La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) también señala que el caso es una manipulación de la justicia, pide que los líderes comunitarios sean sobreseídos definitivamente y que “se suspenda toda acción orientada a la reactivación de la minería metálica”.
También organizaciones internacionales
A la demanda de las organizaciones nacionales se han sumado instancias internacionales. Una de éstas es la Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ) que considera el caso penal contra los líderes ambientalistas salvadoreños como un ejemplo de “cómo los sistemas judiciales son utilizados para perseguir a defensores ambientales y debilitar la resistencia social contra los proyectos extractivos”.
Este movimiento latinoamericano y caribeño considera que el caso carece de pruebas, pide la libertad de los ambientalistas y dice que se mantiene vigilante de que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque resuelva favorablemente la petición de sobreseimiento definitivo.
