Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Juan Carlos Villalta
Abogado
La Asamblea Legislativa ha iniciado el estudio de la Ley de la Dirección de Mercados Nacionales, una normativa que transforma de forma profunda la administración, financiamiento y control de los mercados públicos del país. Aunque en apariencia la ley busca modernizar y ordenar el comercio local, es necesario preguntarnos: ¿a costa de qué derechos? ¿bajo qué modelo de gobernanza? ¿con qué nivel de inclusión?
Desde una lectura crítica y propositiva, el nuevo marco jurídico presenta avances en términos administrativos y de digitalización, pero también encierra riesgos que pueden afectar a sectores históricamente vulnerables: comerciantes informales, mujeres cuidadoras, personas mayores, y juventudes excluidas del empleo formal, entre otros.
Uno de los aspectos más sensibles es la recentralización de funciones tradicionalmente municipales. La ley otorga a una nueva entidad —la Dirección de Mercados Nacionales— el control absoluto sobre la gestión de mercados, dejando a los municipios solo con la potestad de establecer tasas impositivas (de forma indeterminada). En la práctica, esto supone vaciar de contenido la autonomía local, reconocida en el artículo 203 de la Constitución, debilitando además los vínculos directos entre gobiernos locales y comerciantes.
La ley pone en entredicho la seguridad jurídica de quienes durante años han sostenido la economía popular desde esos espacios, pues permite la subasta de locales como mecanismo de asignación, lo cual puede abrir la puerta a procesos de elitización del espacio público, en detrimento de quienes no pueden competir económicamente con grandes oferentes.
La ley establece un régimen detallado de obligaciones, sanciones, prohibiciones y causales de revocación de los contratos de arrendamiento. Sin embargo, carece de medidas afirmativas para sectores vulnerables. Por ejemplo, no hay menciones a la economía informal como fenómeno estructural; tampoco a las mujeres que históricamente han sostenido las redes de comercio popular, ni a personas jóvenes o adultas mayores excluidas del sistema de seguridad social.
En lugar de una formalización con acompañamiento, la ley parece optar por una formalización punitiva: quien no cumpla los requisitos será excluido del sistema, sin rutas de tránsito legal o asistencia gradual. Aunque se establece que los empleados de adjudicatarios no pueden recibir salarios por debajo del mínimo legal, no hay garantías de trabajo decente ni protección ante abusos o despidos arbitrarios. Por el contrario, la nueva ley hace suponer que los que podrán optar a los espacios de comercio serán aquellos que tengan mejores condiciones para pagar en las subastas, los precios más altos y que tengan la posibilidad de pagar empleados en los términos establecidos.
La Ley de la Dirección de Mercados Nacionales tiene una lógica de control, fiscalización y recaudación, pero carece de rostro humano. No aborda la realidad social de los mercados como espacios de cultura y vida comunitaria. Tampoco reconoce su rol en la soberanía alimentaria, ni su contribución a la economía local y el tejido urbano, más bien es un paso más para profundizar el modelo neoliberal.
¿Hacia dónde vamos?
No se trata de negar la necesidad de modernizar los mercados públicos. Al contrario: es urgente garantizar infraestructura digna, procesos transparentes y servicios eficientes. Pero esa transformación debe hacerse con las personas, no sobre ellas.
Una política pública sin enfoque de derechos corre el riesgo de convertirse en un instrumento de exclusión. Por eso, urge abrir espacios de diálogo con comerciantes organizados, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones de mujeres y de juventudes. Y, sobre todo, incorporar mecanismos que reconozcan el valor social y económico de quienes día a día sostienen el comercio popular con esfuerzo, resiliencia y dignidad.
Con este proceso de recentralización en la administración de los mercados municipales, con la entrada en vigor de esta nueva ley, se estarían asestando los últimos golpes a la autonomía municipal, cabe la pregunta: ¿nos estamos acercando al fin de las municipalidades en el país? este movimiento, impulsado por la clase política actual, aleja cada vez más la administración pública de la ciudadanía y centraliza el poder en manos del gobierno central.
Modernizar no puede ser sinónimo de despojar. Avanzar no debería implicar eliminar derechos a los más vulnerables. El desafío está en construir un modelo justo, inclusivo y participativo. Y aunque estemos todavía a tiempo de hacerlo, parece que no habrá marcha atrás.
