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Por David Alfaro
Las declaraciones de Michelle Sol, ministra de Vivienda y sobrina del expresidente Antonio Saca, sobre la aplicación del régimen de excepción de manera arbitraria, incluso a la violencia doméstica, son alarmantes.
No creo que esta funcionaria desconozca los límites jurídicos del régimen de excepción. Tampoco creo que sea ignorancia lo que prevalece entre los funcionarios de la dictadura de Nayib Bukele. Lo que sus declaraciones ponen de manifiesto es algo mucho más grave: la pretensión de normalizar el uso indiscriminado de un instrumento concebido para situaciones extraordinarias.
El régimen de excepción no es una licencia para perseguir cualquier manifestación de delitos ni para sustituir la justicia ordinaria. Mucho menos puede convertirse en una herramienta de castigo al margen de las garantías constitucionales.
Pero el problema es que en El Salvador ya hemos visto cómo se utiliza esta medida más allá de su justificación original. Bajo su cobertura se han denunciado detenciones arbitrarias y persecuciones contra periodistas independientes, opositores políticos, defensores de derechos humanos y luchadores sociales como Ruth Lopez, Enrique Anaya y Atilio Montalvo.
Por eso, las palabras de Michelle Sol no son una simple metida de pata. Son una peligrosa señal de cómo el bukelismo entiende el poder: sin límites, sin controles y sin respeto por las garantías fundamentales.
Cuando un Gobierno pretende justificar que el régimen de excepción sirva para combatirlo todo y perseguir a cualquiera, lo que está haciendo es convertir una medida extraordinaria en un instrumento permanente de dominación.
La dictadura bukeleana ya no se conforma con suspender derechos bajo el argumento de combatir a las pandillas. Ahora sus funcionarios pretenden normalizar que esa excepcionalidad pueda utilizarse contra cualquier expresión de delincuencia. Eso no es justicia ni seguridad: es la institucionalización del abuso de poder.
