Médica denuncia despido sin justificación

Saúl Méndez

Colaborador

La médica general Roxana Mabel Quintanilla, quien laboraba en la clínica comunal Guadalupe, en Apopa, denunció que el pasado viernes 19 de junio fue cesada de su cargo sin previo aviso y bajo el argumento de un “reordenamiento presupuestario”.

“Me veo en la necesidad de denunciar un atropello que se ha disfrazado de legalidad. He sido cesada de mis funciones bajo la supuesta premisa de un ajuste presupuestario, una justificación que carece de validez y que esconde una evidente arbitrariedad”, denunció Quintanilla durante una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA), entidad que ha brindado acompañamiento a la profesional en este caso.

“Es doloroso observar esta enorme contradicción. Nos dicen que no hay fondos para mantener los puestos de trabajo; sin embargo, al mismo tiempo se contratan nuevos recursos bajo la modalidad de horario extendido. Si hay presupuesto, lo que falta es voluntad para respetar las plazas y las leyes que protegen a quienes trabajamos día a día por el bienestar de la población”, manifestó.

Según CONADESA, al emitir este tipo de resoluciones las jefaturas evidencian un desconocimiento de los derechos laborales y vulneran el debido proceso, así como las garantías de defensa de los trabajadores.

“La Constitución es clara: el Estado es el primer obligado a garantizar un trabajo digno”, señaló la organización.

“¿Cómo puede el sector público asegurar que todo está bien cuando es el primero en comprometer la estabilidad laboral de sus propios profesionales y de las familias que dependen de ellos? El Estado debe ser ejemplo en el cumplimiento de la ley, no ejecutor de injusticias”, sostuvo Quintanilla.

“En mi caso, se ha vulnerado mi derecho a una defensa justa. No se me ha explicado con claridad por qué se me está despidiendo ni se me ha dado una respuesta concreta. Durante los últimos dos días he acudido a las oficinas correspondientes y no he recibido información adicional sobre la resolución tomada en mi contra; únicamente se me ha mencionado un supuesto ajuste presupuestario”, aseguró.

Además, denunció que los despidos continúan afectando a otros trabajadores del sector salud.

“Tengo conocimiento de que han sido despedidas enfermeras, jefaturas de transporte, personal de rayos X y trabajadores de distintas dependencias en Santa Ana y Sonsonate. Todo indica que esta situación continuará”, lamentó.

“También quiero dirigirme a nuestros pacientes, porque son quienes más me preocupan. Como médico general de la clínica comunal Guadalupe, en Apopa, puedo afirmar que el impacto de estas decisiones recaerá directamente sobre la población”, advirtió.

CONADESA estima que con la eliminación de esta plaza dejarán de brindarse alrededor de 500 consultas médicas mensuales. Esto implicaría que mujeres embarazadas, niños y otros pacientes podrían quedarse sin controles médicos oportunos.

La organización también advirtió que pacientes con enfermedades crónicas podrían perder el seguimiento de sus controles metabólicos. Además, dejarían de realizarse cerca de 30 curaciones domiciliares al mes destinadas a personas con dificultades para movilizarse desde sus hogares.

“Al retirar a un médico no solo se afecta a un trabajador; también se vulnera el derecho de la población a recibir atención médica digna y oportuna, rompiendo una relación de confianza y cuidado construida durante años”, alertó la organización.

CONADESA aseguró que alrededor de 7,772 trabajadores del Ministerio de Salud fueron despedidos “ilegalmente” durante 2025. Asimismo, sostuvo que en 2026 las organizaciones del sector han registrado cerca de un centenar de despidos adicionales.

“No se puede construir bienestar social destruyendo la salud del pueblo ni debilitando la estabilidad de las familias trabajadoras”, concluyó Quintanilla.