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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos en El Salvador se pronunciaron ante la opinión pública, señalando que un “Estado que no respeta la privacidad de la información de la ciudadanía no puede llamarse democrático ni libre”, en reacción a la reforma del Código Proceso Penal.
El pasado 1 de febrero, los diputados y diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), junto a los partidos satélite, promovieron y aprobaron una reforma al Código Procesal Penal para crear la figura del “agente encubierto digital”, con el argumento de incorporar “evidencia digital” a investigaciones de delitos informáticos en procesos penales.
A esto se suman las diversas y constantes manifestaciones de preocupación expresadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OES), Amnistía Internacional, Access Now y Citizen Lab, así como las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión a nivel mundial, ante los hallazgos sobre el uso del “Programa Espía Pegasus”.
El Programa Espía Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group, brinda a los usuarios, que tiene que ser gobiernos en este caso, una capacidad amplia para vigilar y robar secretos de cualquier persona que posea un teléfono inteligente. Según datos que circulan en las redes el grupo NSO ha reconocido tener a 60 clientes gubernamentales en 40 países alrededor del mundo.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos reafirmó en su comunicado que “Pegasus es un programa utilizado para la intervención de dispositivos electrónicos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tal y como se conoció en publicaciones de diversos medios de comunicación el pasado 31 de enero de 2022”.
Asimismo, señalan que el denominado “espionaje digital” fue confirmado por Amnistía Internacional, mediante una investigación realizada de forma conjunta por Access Now y Citizen Lab, que evidencia el uso del referido sistema, el cual es proporcionado para uso exclusivo de los gobiernos.
“Las reformas legalizan el uso de este tipo de tecnologías y podrán ser utilizadas para el espionaje de personas defensoras, periodistas y voces críticas al poder gubernamental, tal como lo confirmaron recientemente los periódicos digitales El Faro y Gato Encerrado quienes por sus medios de investigación aludida demostraron haber sido víctimas de espionaje a través del Programa Pegasus”, señalaron.
En cuanto a las implicaciones de la reforma procesal penal, señalaron que la modificación del artículo 25 de la Ley Contra Delitos Informáticos y Conexos, que se aprobó en diciembre de 2021, propicia la “criminalización de la forma en que se obtiene información”, que toca directamente al gremio periodístico, que consideraron genera un diseño normativo que profundizará la vulnerabilidad a los y las periodistas.
“Es preocupante que estas reformas se están dando en un contexto político en el que se criminaliza la labor de defensa de derechos humanos y se realizan prácticas de espionaje sin fundamento legal. Esto viene a legitimar una práctica ilegal realizada de forma arbitraria”, sentenciaron. Entretanto, establece la facultad discrecional que permite al “agente digital encubierto”, ponderar si lo que tiene es una prueba calificada o no, en un proceso, obviando la “experiencia profesional” que se requiere a través de un análisis de peritos profesionales.
“Faculta alta discrecionalidad a la Fiscalía General de la República, sobre todo en un contexto donde la misma no cuenta con la confianza y legitimidad requerida debido al contexto nacional, en donde le caracteriza la falta de independencia judicial que impera en nuestro país en la actualidad”, manifestaron.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos en El Salvador hizo un llamado a no permitir que se vulneren los derechos constitucionales, tan emblemáticos como la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Intimidad, entre otras dignidades propias del ser humano y que todo Estado Democrático debe respetar irrestrictamente.
