Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por: Luis Rafael Moreira Flores
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), en estrecha solidaridad con la iniciativa de búsqueda ciudadana ALERTA CARLOS, denunció, en conferencia de prensa, este miércoles, los sistemáticos actos de violencia, amedrentamiento y vulneración de derechos humanos ejecutados por agentes e instituciones del Estado salvadoreño contra las mujeres y madres que dedican sus vidas a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
Las voceras subrayaron que la violencia de género y la violación a los derechos fundamentales no solo se ejercen mediante acciones directas de agresión física o verbal, sino también a través de la omisión, la negligencia, la tolerancia y el desamparo institucional. La legislación nacional e internacional establece con claridad que existe responsabilidad estatal cuando la violencia es promovida, tolerada o ejecutada por órganos del Estado a través de sus autoridades, funcionarios o empleados públicos.
En el contexto actual de El Salvador, las madres buscadoras se ven obligadas a encarar en absoluta soledad, y bajo severos riesgos a su seguridad personal, una labor que por mandato constitucional y legal le corresponde exclusivamente al aparato de justicia y seguridad pública.
La lucha de una madre durante 56 meses sin respuestas
El caso emblemático abordado en la conferencia es el de Carlos Ernesto Santos Abarca, un joven salvadoreño que al día de hoy acumula 56 meses desaparecido (más de 4 años de dolor e incertidumbre para su familia). Desde el primer día de su ausencia, la familia Santos Abarca ha topado contra un muro de indiferencia institucional. Las autoridades obligadas por ley no mostraron interés en activar con la celeridad requerida los protocolos de búsqueda urgente ni las líneas de investigación correspondientes. Ante este abandono sistemático, la madre y la tía del joven asumieron de forma directa, con recursos propios, amplias limitaciones y constantes amenazas, la tarea de investigación que el Estado omitió realizar.
Durante su intervención en la conferencia, Eneida Abarca, madre de Carlos, visibilizó la cruda realidad que enfrentan a diario las familias en su situación: «La respuesta estatal frente a nuestra tragedia ha sido la indiferencia, el silencio y, peor aún, la violencia mediante la omisión, la ausencia de acompañamiento y la obstaculización sistemática a las actividades de denuncia y gestión de apoyo que realizamos. Esta agresión no es abstracta; la vivimos en las calles cuando buscamos difusión para el rostro de nuestros hijos.»
Abarca detalló minuciosamente el hecho violento más reciente, ocurrido el pasado 05 de septiembre de 2026. En esa fecha, aprovechando el concierto de la reconocida agrupación mexicana CAIFANES, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, las familiares acudieron a las afueras del recinto para realizar un plantón pacífico con pancartas y volantes. Esta actividad contó con la invitación y la solidaridad activa de las madres buscadoras de El Salvador y de asistentes al evento.
Durante la jornada pacífica, integrantes del equipo técnico y artístico de Caifanes se acercaron de forma respetuosa a las madres para dialogar, solidarizarse con la causa y solicitarles el envío posterior de fotografías del plantón, afiches informativos y los nombres de las personas que las acompañaban, manifestando su respaldo a la causa humanitaria. Sin embargo, al finalizar la manifestación, cuando las madres intentaron acercarse a la entrada del gimnasio para entregar el material acordado al equipo del grupo musical, fueron violentamente rodeadas por un nutrido contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Unidad Mantenimiento del Orden (UMO) y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Los efectivos policiales y municipales las encajonaron y las amenazaron explícitamente con hacer uso de la fuerza física si no abandonaban de inmediato el lugar. Con el fin de salvaguardar su integridad física y evitar una agresión de mayor escala, la madre y la tía de Carlos, junto a sus acompañantes, se vieron forzadas a retirarse intempestivamente del perímetro del Gimnasio Nacional.
Exigencias del movimiento social y laboral
En representación del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), Sonia Viñerta tomó la palabra para enmarcar esta agresión como parte de una política de amedrentamiento hacia los sectores populares y las organizaciones que defienden derechos humanos en el país. Viñerta enfatizó que el trabajo de las madres buscadoras es una labor profundamente digna y que cualquier acto represivo ejercido por fuerzas de seguridad contra mujeres vulnerables constituye una violación flagrante a los tratados internacionales ratificados por El Salvador.
Por todo lo expuesto, y en defensa del derecho inalienable de toda madre a buscar a sus hijos en un ambiente de seguridad y respeto, el MDCT y el colectivo ALERTA CARLOS dieron lectura al pliego formal de exigencias:
- A las instituciones del Estado en materia de seguridad y derechos humanos: Cumplir de inmediato su mandato legal y constitucional, brindando protección estatal efectiva a las familias de personas desaparecidas bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y atención a víctimas.
- Al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro: Retomar con la máxima responsabilidad, diligencia técnica y recursos institucionales la obligación legal de buscar a Carlos Ernesto Santos Abarca, garantizando un proceso exhaustivo hasta dar con su paradero, sea cual sea el resultado.
- A la Policía Nacional Civil (PNC) y demás autoridades de seguridad pública y municipal: Respetar de forma irrestricta la integridad física, psicológica y moral de la madre y la tía de Carlos Abarca, ordenando a sus efectivos abstenerse de cualquier acto de hostigamiento, intimidación, represión o uso arbitrario de la fuerza.
- A todas las instituciones públicas del país: Garantizar el respeto pleno al ejercicio de la libertad de expresión, protesta pacífica y libertad de asociación del colectivo ALERTA CARLOS y de cualquier organización o persona que acompañe legítimamente su lucha.
La conferencia concluyó con un llamado a la sociedad civil salvadoreña e internacional a no normalizar la desaparición de personas ni la criminalización de sus familias, reafirmando el compromiso inquebrantable de mantener viva la memoria y la búsqueda de los ausentes.
