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Por David Alfaro
27/01/2026
Cuando se habla de los zapatos escolares que entrega el gobierno, muchas veces el debate se queda en la superficie. Que si son bonitos, que si vienen de tal país, que si salen gratis. Pero el problema real es otro, y es mucho más serio.
El primer punto es la falta total de rendición de cuentas. Hoy no existe información clara y accesible sobre cómo se compran estos productos, cuánto cuesta realmente cada par, qué criterios de calidad se usan o quién gana los contratos. Todo se maneja como un acto de buena voluntad del gobierno, cuando en realidad se trata de dinero público. Dinero que sale de los trabajadores y de los impuestos de todos. En una democracia sana, preguntar cómo se gasta ese dinero no debería verse como un ataque, sino como un derecho básico.
Luego está el impacto en la economía local. Durante años, el calzado escolar fue fabricado por artesanos y pequeños talleres salvadoreños. No eran grandes empresarios, eran familias que vivían de su oficio, que conocían el clima, las calles y las necesidades reales de los niños. Cada par de zapatos significaba empleo, comida en la mesa y dignidad para miles de personas. Al sustituir esa producción por importaciones masivas, el gobierno no solo compra zapatos, también decide a quién deja fuera del trabajo. Y esas decisiones tienen rostro, nombre y consecuencias.
Pero quizá lo más delicado es lo que casi nunca se menciona: la salud de los niños. En El Salvador, muchos estudiantes caminan largas distancias todos los días, bajo sol fuerte y sobre pavimento que fácilmente supera los 40 grados. El material del zapato no es un detalle técnico, es una cuestión de bienestar. El cuero sintético, PU poliuretano, no respira, acumula calor y humedad, y provoca ampollas, infecciones por hongos y dolor al caminar. Un niño con los pies lastimados no camina igual, no se concentra igual y no vive la escuela de la misma manera.
Un programa social no debería conformarse con entregar algo porque es barato o porque sirve para la foto. Debería pensar en la durabilidad, en el entorno, en la salud y en el impacto a largo plazo. Debería escuchar a los usuarios, evaluar resultados y corregir errores. Pero nada de eso es posible cuando todo se maneja desde la opacidad y sin mecanismos de evaluación pública.
Al final, las preguntas son múltiples. Pero la pregunta principal es si el gobierno puede gastar millones sin explicar cómo decide, a quién beneficia y qué consecuencias genera. Y también si estamos dispuestos a normalizar que se ahorre dinero a costa del trabajo local y del bienestar de los niños.
Eso es lo que realmente está en juego. Y eso es lo que merece discutirse con honestidad.
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