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Más accionar de la Dirección del Consumidor

A finales de la presente semana, la Dirección del Consumidor anunció que había iniciado una investigación sancionatoria contra una empresa telefónica por incumplir las medidas decretadas por el Gobierno ante la cuarentena obligatoria, como no suspender o desconectar los servicios.

Al parecer, algunas de las operadoras de telefonía obviaron la disposición del Gobierno y aplicaron medidas como la suspensión de los servicios de telefonía, cable e internet.

Qué bien que la Defensoría del Consumidor está actuando rápido en el caso, pero hay otros en los que no se está actuando. En Diario Co Latino hemos recibido quejas de que las funerarias se están aprovechando de la pandemia y bajo el pretexto de las medidas extremas, que también deben aplicar con los fallecidos por COVID-19, están cobrando exorbitantes sumas a las familias dolientes.

Co Latino fue informado de un caso reciente de una familia que tenía pagado el servicio de funeraria con anterioridad y cuando quiso usar el servicio previamente cancelado le cobraron casi lo que antes habían pagado por el servicio.

Es cierto que las funerarias -seguramente- han incurrido en otros gastos para atender a sus usuarios en caso de COVID-19, pero eso no debería justificar elevados precios por los servicios. La Defensoría del Consumidor debería investigar estos casos y si, en efecto, las funerarias están haciendo cobros excesivos deberían sancionarlos.

Sería oportuno, además, que la Defensoría del Consumidor difundiera en sus espacios los precios máximos y mínimos de los servicios que ofrecen las funerarias.

La verdad, el Gobierno debe impedir que otros se aprovechen del dolor de las familias salvadoreñas ante una epidemia como la que se está viviendo.

Otra de las quejas que se han recibido es la escasez de productos básicos, y, por ende, la subida de precios. La semana antepasada, por ejemplo, los estantes donde se ubican los frijoles y azúcar parecían vacíos en varios supermercados.

El frijol y el arroz es uno de los principales alimentos de las clases medias y populares, por lo que la Defensoría del Consumidor debería investigar por qué hubo escasez de frijol durante cuatro o cinco días la semana antepasada. Además, debería investigar si le aumentaron o no el precio a ese producto básico, así como al azúcar.

Algunos supermercados promueven rebajas en algunos productos, pero, en algunos casos, lo hacen porque el producto está por vencerse y de esa forma se deshacen de esos productos, pero, les suben el precio a otros.

Si esta es una táctica usual en los supermercados, la Defensoría del Consumidor debería estar más alerta o atenta.

Hay que recordar que muchas familias salvadoreñas todavía no reciben sus salarios completos, debido a las medidas que han tomado algunas empresas por los efectos de las medidas tomadas por el Gobierno por la pandemia, por eso es que se hace necesario que el Gobierno salga a la defensa de estas familias evitando que los precios afecten al momento de comprar el producto o dejar de comprar otros por el precio del producto más básico.

No dudemos que hay comerciantes con conciencia social, y no van a aprovecharse de la necesidad de los y las salvadoreñas, pero, también hay que decir que hay otros comerciantes que su principal objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero, sobre todo en tiempos difíciles como los que se están viviendo por la pandemia.

Seguramente hay otras quejas, en otro tipo de servicios, que pueden ser importantes para los usuarios y que hasta allí no llega el Gobierno. La Defensoría debería mantener una campaña permanente para denunciar cualquier tipo de abuso. De ahí el llamado a la Dirección del Consumidor a tomar cartas en el asunto, para evitar que los malos empresarios hagan de la pandemia “su agosto”.

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