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Redacción Nacionales
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Marcela Villatoro, diputada de ARENA, aclaró que no está en contra de las Alianzas Público Privadas que se puedan realizar en El Salvador, sino en contra de vulnerar derechos constitucionales que podrían ser afectados.
La funcionaria señaló que existen derechos constitucionales que no son una mercancía y la salud, la educación o el agua “no es mercantil”, sino “son derechos inalienables a los ciudadanos garantizados en la Constitución que no pueden trasladarse a un privado porque es obligación del Estado el garantizar que todas las personas tengan estos derechos”.
Es de contextualizar que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de Alianzas Público Privadas”, la cual elimina la exclusión de las áreas de educación, salud y recursos hídricos. Villatoro reiteró que estos derechos deben ser garantizados únicamente por el Estado.
“Nosotros no estamos en contra de ellos (de los asocios) sino, estamos en contra de que se privatizan derechos; porque al final de cuentas si esto se aprueba sin que exista ese control o que no se prohíba que estos derechos: la salud, la educación y el agua en el marco de la ley, lo que se va a hacer es que se va a permitir la privatización de estos derechos”, agregó la legisladora.
Dania González, presidenta de la Comisión, señaló que la Carta Magna establece que es al Estado a quien le corresponde la seguridad social, la salud y la educación, así como la protección de los recursos naturales incluida el agua. La oficialista señaló que, aunque haya asocios público privados, el Estado no perdería el control y la supervisión de los servicios.
“La salud, en teoría, debe ser gratuita. Entonces ¿qué pasa cuando se hace un asocio público privado? ¿cómo se le retribuye a quién hace esa alianza con el gobierno? y entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿se le va a hacer un cobro a la ciudadanía? y aquí entramos con el tema de la privatización”, cuestionó la legisladora.
La tricolor reiteró que acompañarán todo lo que tengan que ver con el desarrollo y urbanismo, “pero los derechos inalienables a los salvadoreños establecidos dentro de la Constitución deben de garantizarlos el Estado salvadoreño y no puede delegarlos a ningún privado”.
