Manuela

Iosu Perales

Por fin, un tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene en el caso de Manuela, revisando un juicio que la condenó. Lo deseable es que el resultado tenga influencia en la política y en los marcos jurídicos sobre el aborto en América Latina. Al menos es lo que espero, teniendo en cuenta que la mayoría de países latinoamericanos respeta la jurisprudencia de la Corte.

Quienes le conocieron, cuentan que Manuela era una mujer admirable, que padecía unas pésimas condiciones sociales. Su culpa era ser pobre. De ser rica hubiera viajado a Miami en primera clase. Sola, asumió la crianza de sus hijos de siete y nueve años, a quienes su padre abandonó. Su familia la recuerda como una mujer cariñosa que en medio de la pobreza luchó porque sus hijos estudiaran. Desde 2007, Manuela sufría de cáncer linfático avanzado, unos tumores que le causaban fuertes dolores en su abdomen. Sus hijos se quedaron sin madre por culpa de una ley matarife. ¿Será que los responsables tutelan y pagan los estudios de los dos hijos de Manuela?

Sabemos que, en febrero de 2008, Manuela sufrió un aborto tras caerse cuando lavaba ropa en un río. La mujer buscó atención médica, sin embargo, fue acusada y condenada a 30 años por homicidio agravado. Dos años después, murió esposada a una cama de hospital. El caso de Manuela es terrible. Era tan “peligrosa” para el Estado que, aquejada de cáncer fue esposada a su propia cama. Esto es sencilla y llanamente tortura.

Lo que sucedió está fuera de todo humanismo. Sencillamente es resultado de un confesionalismo fanático de instituciones que debieran velar por la laicidad en el ejercicio del poder. Que una minoría que gobierna imponga al conjunto de la sociedad su particular punto de vista sobre el aborto, es inaceptable. Las creencias religiosas son privadas, no puede convertirse en leyes.

El caso es que el aborto terapéutico, realizado por razones médicas o cuando es producto de una violación, existía en las naciones centroamericanas a partir de las constituciones liberales del siglo XIX. Este centenario derecho quedó suspendido en el marco de contextos electorales y de presiones de la Iglesia católica. Se produjo una regresión que afecta a Nicaragua, República Dominicana y El Salvador, países a los que se unen Malta y El Vaticano. El resto, 195 países del mundo abordan el aborto con mayor o menor cautela, pero lo hacen en particular con el aborto terapéutico.

Manuela, una mujer pobre y analfabeta que no tenía acceso a la educación reproductiva fue víctima de un aquelarre en el que no faltaron actores inquisitoriales de los que en otro tiempo quemaban a las brujas.

Es interesante apelar a la sabiduría y legitimidad moral del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Él ha señalado que la ley de despenalización del aborto que se aprobó en Uruguay bajo su mandato no solo evitará muertes de mujeres en abortos clandestinos, sino que además puede llegar a reducir el número de abortos al brindarle apoyos a mujeres en dificultades, sobre todo a las más humildes, a las que están solas. Mujica reconoce estar en contra del aborto y dice: “¿Quién puede ser favorable? Todo el mundo está en contra. Sé que es un tema que desgarra a todos los partidos, donde además hay visiones religiosas. Pero creo que es un hecho real que existe en todas las sociedades y es medio hipócrita seguir tapando”. Tiene razón.

No cabe entender el aborto como algo frívolo, como una radicalidad feminista, sino que es una alternativa humana a un drama humano. Mujica, en su sabiduría, lo que dice es que el aborto clandestino crece en la medida en que la prohibición es más dura. Y ese tipo de aborto causa muchas víctimas y mueren mujeres, no precisamente las que disponen de medios económicos para acudir a clínicas extranjeras.

Yo tenía esperanza de que la izquierda en el Gobierno movería las conversaciones y negociaciones necesarias para alcanzar una ley de protección de las mujeres, de aborto terapéutico. Pero no. ¿Será por temor a las consecuencias electorales?, ¿puede ser por convicción de conciencia?, ¿no será por falta de coraje? En fin, una oportunidad perdida. El aborto en todas sus formas prohibidísimo para las mayorías, mientras la gente rica se va para Miami. Pura hipocresía.

El teólogo brasileño Frei Betto lo dice: “No soy favorable a la criminalización del aborto. Nadie lo hace por gusto. Más bien la criminalización es un incentivo para las clínicas clandestinas. Lo que me intriga de los antiabortistas sectarios es el hecho de que no condenan con el mismo rigor el comercio de armas, la pena de muerte y las guerras”. Frei Betto da en el clavo. Mientras se persigue a la gente pobre, a mujeres vulnerables, en los asientos de primera clase, rumbo a Miami, viajan señoras con cita para abortar.

En el caso de Manuela, en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió de violaciones a los derechos de Manuela y de su familia. Siete años más tarde, en 2019, la citada Comisión presentó de nuevo el caso a la Corte al concluir que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud, entre otras cosas.

Respeto profundamente las creencias religiosas. También la espiritualidad no adscrita a ninguna religión. Las convicciones íntimas de las personas constituyen una reserva cargada de humanidad gracias a la cual podemos convivir, respetarnos, y creer en una vida y un mundo mejor. Sin embargo, cuando se pretende trasladar las creencias propias que deben pertenecer a lo privado, a las políticas públicas, estamos errando. El poder, sea el Estado monárquico o republicano no debe ser confesional, no debe pretender imponer una visión teológica a las leyes y normas que organizan la vida a en sociedad. Lo de Dios es de Dios y lo del César del César.

Una ley de despenalización no obliga a nadie, es decisión de la mujer si ella tiene su posición de seguir con el embarazo a pesar de que se vaya a morir y hay que ayudarla cualquiera que sea la decisión que ella tome. De ninguna manera el Estado puede decidir por ella. Tampoco pueden decidir por ella las creencias religiosas de los políticos y gobernantes.

No confundamos el reino de la Tierra con el reino de los Cielos.

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