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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos durante el conflicto armado conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Desaparición Forzada. A la vez pidieron al Estado una Ley de Justicia Transicional y que se declare el 30 de agosto el Día Nacional del detenido-desaparecido en El Salvador.
“En nuestro país, la desaparición forzada ha sido una herramienta que han ocupado los gobiernos, el crimen organizado, incluso, organizaciones vinculadas de alguna manera con el Estado, como los llamados Escuadrones de la Muerte que actuaron y actúan como grupos de exterminio para desaparecer personas”, comentó Ovidio Mauricio Hernández, coordinador de Tutela Legal.
El 30 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas como Día Universal de la Desaparición Forzada. Las organizaciones de DDHH han intentado que la Asamblea Legislativa también recoja esa idea y que decrete el 30 de agosto como día del detenido-desaparecido en El Salvador. Sin embargo, “no lo han querido hacer las diferentes Asambleas, incluso la actual; se les ha enviado piezas de correspondencia y no han querido hacerlo”.
La Comisión de la Verdad cuando dio su informe el 15 de marzo de 1993 dijo que para superar la impunidad debían de investigarse los delitos que se cometieron durante el conflicto, aprovechándose de esa situación. “Hasta el momento, ningún delito de desaparición forzada, ningún delito de asesinato ha sido terminado o se ha logrado justicia en estos casos, muchos casos llevan años supuestamente investigándose y no se ha llevado a cabo ninguna condena con los que perpetraron este tipo de hechos, la desaparición forzada principalmente que es un delito gravísimo de lesa humanidad, un delito permanente”, añadió Ovidio Hernández
Hernández señaló que las Naciones Unidas tiene alrededor de unas 3,000 denuncias de personas desaparecidas en El Salvador; “no obstante, se estima que hay entre 8,000 y 10,000 desaparecidos en nuestro país; a eso sumémosle los desaparecidos que han ido saliendo en estos años y que el Estado no hace nada por investigar desapariciones actuales por el crimen organizado, por la delincuencia común. El Estado también está obligado a investigar de manera diligente y sancionar a quienes los comete”.
El Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el parque Cuscatlán recoge el listado de los desaparecidos en el conflicto; no son todos, ya que no hay un registro definido de los desaparecidos, “muchas personas (familiares de desaparecidos en el conflicto armado) aún tienen temor de denunciar este tipo de hechos”.
Dicho monumento tiene una gran importancia para los familiares de las víctimas del conflicto armado, ya que tienen un lugar para recordarles. “Es un monumento construido con el esfuerzo de las víctimas y de las ONGs, el Estado no puso ni un cinco en este monumento y podemos apreciar que no es cuidado”, añadió Hernández.
Las organizaciones han pedido reiteradamente una Ley de Justicia Transicional que contemple la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
Vicente Cuchillas, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos, enlistó una serie de peticiones que los familiares de los desaparecidos en el conflicto armado han solicitado, como la apertura de los expedientes de la Fuerza Armada. “Ese elemento es clave para poder obtener información sobre el actuar tanto de los cuerpos de seguridad como de estas estructuras criminales que durante el conflicto armado fueron las responsables de los asesinatos, las masacres y las desapariciones de muchas hermanas y hermanos salvadoreños”.
Cuchillas destacó que el mismo presidente Nayib Bukele, cuando era candidato y recién tomó posesión de su cargo de presidente, “fue muy taxativo (que no admite discusión) al decir que él no tenía ningún compromiso con nadie y que, por lo tanto, los expedientes se iban a abrir de la A hasta la Z, sin ninguna restricción, pero hasta la fecha no se ha podido abrir ni un tan solo expediente de la A, eso expresa de manera concreta la falta de voluntad”, comentó Cuchillas.
“Es más, la actitud del actual gobierno de criminalizar el actuar de las organizaciones de derechos humanos nos parece no un mensaje que va en la dirección que nuestro pueblo espera, de encontrar la verdad, la justicia en cuanto a todos los crímenes, por todas las desaparecidas y desaparecidos de nuestros hermanos salvadoreños, no va en esa dirección”, lamentó Cuchillas.
“Todavía tenemos impunidad en nuestro país sobre el conflicto del 70-80, y ahora se están sumando otras situaciones, diríamos de asesinatos y desapariciones forzadas con esto de las estructuras criminales y delincuenciales que tenemos en el país, el comportamiento del Gobierno ha sido ocultar y proteger”, puntualizó Cuchillas.
A lo que Cuchillas hacía referencia es al caso emblemático de las fosas clandestinas de Chalchuapa en 2021, “veamos todo lo que ha pasado hasta la fecha, el tratamiento que se le dio a las personas que estaban en esas fosas clandestinas. Los familiares de los desaparecidos han estado esperando tener respuesta si alguno de esos cuerpos son sus familiares o no, una incertidumbre, un dolor y lo que ha habido es un secretismo”.
Miguel Montenegro, director de la Comisión salvadoreña de Derechos Humanos no gubernamental, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y deducir responsabilidades cuando una persona desaparece, en el caso de una desaparición del conflicto armado era que las personas fueron capturadas por agentes de los cuerpos de seguridad, llámese Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Ejército, batallones, grupos paramilitares. El responsable era directamente el gobierno con sus cuerpos de seguridad.
Los que eran detenidos, eran llevados al penal de mariona o la cárcel de mujeres, otros fueron desaparecidos “y otros aparecían en las carreteras o en las calles como un método de terror hacia la población (…). “El caso de los desaparecidos de aquel entonces es lo que nosotros aún venimos pidiendo esclarecimiento y que se declare el día nacional del detenido desaparecido”.
