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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Cuando van a cumplirse 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, FMLN, es necesario referirse a su contenido, y a los afanes del gobierno en turno de cambiar la Carta Magna.
En ese sentido, me referiré a uno de esos acuerdos en particular, el de la reforma constitucional.
La reforma constitucional fue un acuerdo fundamental, precedió a la misma firma de los acuerdos totales. Se aprobó por la Asamblea Legislativa en abril de 1991, y es que sin reformar la Constitución no era viable ni confiable el acuerdo que se negociaba, tal era la agenda acordada con la mediación del Secretario General de Naciones Unidas y establecida en el Acuerdo de Ginebra.
Las aspiraciones del FMLN, del FDR (Frente Democrático Revolucionario) y del movimiento social popular, que respaldaban una solución política del conflicto armado, requería un cambio en el régimen político, en la forma del Estado y del gobierno y de la manera en que el pueblo, con su voluntad, configuraría una nueva institucionalidad democrática.
Requería ese cambio que existiera, en la norma jurídica primaria, imperativos que obligaran al gobierno de turno a cumplirse.
Se comprendió así por los facilitadores de la negociación, por el gobierno y, en el Acuerdo de México, se acordó el texto de esos cambios, que más tarde la Asamblea Legislativa acordaría y la siguiente legislatura lo ratificó. Eso facilitó que continuara y se resolviera el conjunto de acuerdos que finalizaron el 31 de diciembre de 1991, en Nueva York.
La reforma constitucional incorporó cambios de fondo en la institucionalidad del Estado salvadoreño y para la protección de los derechos de los habitantes de nuestra nación.
Ello suponía eliminar facultades punitivas del Estado, por eso, en la práctica, una de las instituciones que sufrió cambios fue la fuerza armada, y para asegurar los derechos de las personas se modificó sustancialmente el sistema judicial y electoral.
La reforma constitucional subordinó expresamente a la Fuerza Armada al Presidente de la República, cambió su doctrina al circunscribir su misión a la defensa de la soberanía y del territorio, la define como institución permanente, apolítica, no deliberante y ajena a la seguridad pública. Fue lo mínimo de la aspiración del FMLN Y FDR de lograr una sociedad desmilitarizada.
Para la seguridad se crea a la Policía Nacional Civil como cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada, no partidaria y sujeta a un ministerio distinto del de Defensa.
Se crea el Organismo de inteligencia del Estado, también sujeto a la presidencia de la república.
Para la tutela de los derechos humanos se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En el sistema de justicia se asegura la independencia judicial, y se asegura su presupuesto con un seis por ciento de los ingresos tributarios, se eleva a nueve los años de duración de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deben ser electos en tercios con voto calificado de la Asamblea Legislativa, se asigna al Consejo Nacional de la Judicatura la misión de formar y capacitar jueces, de proponer una parte de candidatos a magistrados de la CSJ, y proponer personas para jueces a la corte suprema.
Para asegurar los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes se cambia al organismo que administraba elecciones y se crea el Tribunal Supremo Electoral, se otorga el derecho de vigilancia a los partidos políticos y la capacidad de proponer una parte de magistrados de dicho organismo a los que han obtenido más votos en cada elección presidencial.
Esto demuestra que parte de lo que existe en el estado de hoy, es fruto de los Acuerdos de Paz, y de ese acuerdo fundamental de reforma constitucional. Posiblemente, los titulares y servidores de esas instituciones ahora ignoran de donde viene su existencia, ignoran la vinculación de la lucha heroica de este pueblo para darse un sistema democrático.
La misma Asamblea Legislativa vio modificada sus funciones a partir de esos acuerdos.
Dice el refrán que lo que no nos cuesta podemos hacerlo fiesta, y eso pasa ahora cuando se incumplen los textos constitucionales y reina la arbitrariedad, a la vez que se busca borrar la historia y sobreponer, a lo creado, un modo de gobernar alejado de las aspiraciones democráticas que están contenidas en el Acuerdo de Paz y en la misma Constitución vigente.
