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El año 2023 inicia con una nueva amenaza del gobierno: la utilización del Estado de Excepción, para intimidar a todo aquel que se atreva a cuestionar las decisiones gubernamentales. Así ha quedado claro con la presión hecha a los trabajadores municipales de Soyapango, y la captura de un dirigente de la comuna de Mejicanos.
El Estado de Excepción que, en boca del jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, será mantenida durante el presente año, si así lo solicita el jefe del Ejecutivo, ya no es exclusiva para perseguir a los grupos pandilleriles, sino también a los trabajadores del sector público, iniciando con los municipales.
Unos mil 800 trabajadores municipales de la alcaldía de Soyapango fueron obligados a reanudar sus labores a inicios de este año, tras más de dos semanas de paro laboral en demanda del pago del salario del mes de diciembre y el aguinaldo respectivo, bajo la amenaza de aplicarles la ley del Estado de Excepción.
Aplicar la mencionada ley es apresarlos por al menos seis meses y acusarlos de terroristas o “desórdenes públicos”.
La protesta de los trabajadores de Soyapango es justificada, y eso quedó más evidente cuando el Ejecutivo ordenó a la Fiscalía capturar a la alcaldesa de ese municipio, Nercy Montano, a finales de diciembre por apropiación indebida, entre otros delitos relacionados a las demandas de los trabajadores. Lo curioso es que más de una docena de alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas también deben salarios de diciembre a buena parte de sus trabajadores, pero estos no han sido capturados, bajo los mismos delitos de la alcaldesa Montano, a pesar de ser los mismos delitos. Pareciera que la captura de la alcaldesa Montano fue nada más para demostrar, propagandísticamente, que este Gobierno va a actuar, incluso contra sus alcaldes, es decir, también contra los de Nuevas Ideas.
Pero en vez de ver otro alcalde capturado, lo que hizo la policía y la fiscalía fue capturar a un empleado municipal de San Marcos que al inicio de año promovió un paro de labores en el área de recolección de desechos sólidos en demanda de un bono anual que la alcaldía les adeudaba. Tras la captura del empleado municipal, Miguel Antonio Ventura Arana, los trabajadores suspendieron la protesta en San Marcos, y lo mismo hicieron en Mejicanos. Antes, en forma de mofa, el presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales que la Constitución prohibía los paros de labores por “reclamar tarjetas de Navidad”. Con este mensaje, el presidente buscaba deslegitimar las luchas de los trabajadores de Soyapango, de la Villa del Carmen y de otras ocho comunas más que sus alcaldes y concejos municipales les adeudan salarios. Pero, además, el presidente buscaba justificar las capturas de los trabajadores municipales que mantenían paros laborales en demanda de sus salarios de diciembre, incluido el aguinaldo.
Y aunque no acepta la justeza de las demandas de los trabajadores municipales, el presidente Bukele volvió con otro mensaje y anunció reducir el número de alcaldías de 262 a 50. La crisis financiera de la mayoría de las alcaldías municipales, de las cuales el 70% están en manos de Nuevas Ideas, es, en parte, por la falta del FODES que el presidente Bukele ordenó quitarles a las municipalidades, para entregarlo a una nueva institución (la DOM), dependiente de Casa Presidencial, que hace lo mismo que el MOP y Fovial, es decir, poner parches en las calles principales y secundarias de las ciudades.
De paso, la DOM sirve como institución propagandística, no solo de la imagen del presidente, sino de su partido, Nuevas Ideas. Con el anuncio de reducir a 50 alcaldías el territorio salvadoreño, Bukele está aceptando que tiene en crisis a las alcaldías, y no solamente por la ineptitud de sus gobierno municipales, que la mayoría son de Nuevas Ideas, sino por la falta de recursos que constitucionalmente debe entregarles el Estado.
La captura de un trabajador municipal y la amenaza a otros de reanudar sus labores son pretextos para aplicarles la Ley del Estado de Excepción, es una muestra real que este año, dicha ley, servirá para intimidar a los trabajadores municipales y estatales, y con ello evitar protestas. Lo que el presidente Bukele olvida es aquella vieja y vigente consigna que dice: “¡A más represión, más lucha!”
