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El Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos” se pronunció porque el Gobierno establezca un plan de abastecimiento temporal de agua por la crisis que existe. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Ley General de Aguas sin participación ciudadana es privatizadora

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Efectivamente -ustedes han sido testigos-, al proyecto para la Ley General de Aguas se le ha aplicado una técnica disuasoria, no ha habido voluntad y claro existen sectores que se benefician de que no haya una regulación”, expresó Wilmer Sánchez del IDHUCA, que integra el Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”.

En su pronunciamiento, el Colectivo que reúne a iglesias, universidades y organizaciones sociales, lamentó la pasividad de las autoridades para generar un marco jurídico que proteja los recursos naturales y la autorización de proyectos urbanísticos que vendrían a precarizar el estrés hídrico del país.

Wilmer Sánchez subrayó, que en las últimas reuniones, la presidenta de la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marta Evelyn Batres del partido ARENA decidió, junto a las fracciones legislativas de los partidos PDC, PCN y GANA, esperar la nueva propuesta del órgano Ejecutivo para buscar un marco regulatorio del vital líquido.

“Sabemos que están preparando un nuevo anteproyecto de ley (MARN), que han ocupado servicios de consultores de organismos internacionales y agencias de cooperación para recoger insumos. Y que van a tomar de insumos de la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2012. Esto no es público aún y no sabemos qué proyecto va a salir de ahí; pero sí estamos claros qué condiciones debe tener la Ley General de Aguas: un enfoque de derechos humanos, mecanismos de participación y administración pública estatal”, sentenció.

Mientras, Sandra Ascencio (COFOA) exhortó a los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa a agilizar su trabajo y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos, para dar respuestas a las necesidades de la población a la que piden el voto, para obtener una curul.

“Queremos que trabajen en proteger y garantizar el agua en El Salvador; si bien existen otros anteproyectos e iniciativas, pero son muchos años ya. Son trece años de estar viendo pasar documentos; entonces, apelamos a la voluntad de los funcionarios y aclararles que el agua es nuestra”, expresó.

El Colectivo Socio Ambiental reiteró, además, el aumento de personas, comunidades y colonias que tienen altos niveles de dificultad para obtener agua, para consumo y quehaceres del hogar. Por tanto, demandaron una solución integral y con un enfoque de acceso universal y equitativo al agua.

Flor Castaneda del CDC señaló, que mientras se encarece el agua para las comunidades, se continúa con el uso indiscriminado del agua en la producción agrícola, en particular el cultivo de la caña de azúcar, que no solo extrae el recurso hídrico, sino también es altamente contaminante con madurantes como el glifosato, que ya se comprobó que contiene agentes cancerígenos.

“Es importante destacar la explotación del agua para fines de comercialización, como el agua purificada, que le permite a las empresas vender agua y se lucran de forma desmedida. Y también están los efectos del manejo de las aguas y los bienes naturales en zonas transfronterizas, que son amenazadas por proyectos mineros (Guatemala y Honduras), que vienen a degradar el medio ambiente y el agua”, reafirmó.

Sobre el proyecto urbanístico Valle El Ángel, al norte de San Salvador, el padre Roque Regalado lamentó, que pese a los señalamientos de los impactos negativos que tendrá, que atentan contra el manto acuífero de Nejapa y que vendría a encarecer la disponibilidad del recurso hídrico, el proyecto continúe.

“Al impermeabilizar los suelos aumenta la posibilidad de deslaves y el incremento de la carga vehicular en la zona. En el Paseo del Prado, sobre la carretera de Oro, calle a Mariona, el Grupo Roble, rama inmobiliaria del Grupo Poma planea construir entre dos a tres mil viviendas, que en 27 manzanas de la primera etapa serían 549 viviendas, que traerían mayor impermeabilización del acuífero en Apopa y el vertido de aguas residuales”, explicó.

“El agua es un derecho humano y tiene conexos con otros derechos”, manifestó Ovidio Mauricio (Tutela Dra. María Julia Hernández), al informar que al violentar el derecho al agua se habla del proyecto de vida de miles de personas, lo que significa agua, educación y recreación.

“Se debe investigar en dónde se esta urbanizando, a quién da los permisos ambientales y recoger, también, el tema de la clasificación de nuestro territorio, para que se identifique realmente cuáles son aptas para urbanizar y cuáles son para recarga acuífera. Como Valle El Ángel no debería estar allí, porque está amenazando a futuras generaciones de contar con agua y eso sería una alta vulneración de derechos”, puntualizó.

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