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Gloria Orellana
@GloriaCoLatino
La revisión superflua de la Ley General de Recursos Hídricos que hizo la Comisión Ad Hoc, de la Asamblea Legislativa, ha dejado más dudas que certezas entre la población de la zona rural, quienes obtienen su abastecimiento a través, de las Juntas de Aguas, las que suman más de 2 mil en el territorio nacional, demanda que el gobierno no alcanza a cubrir.
El artículo 61, que establecen los permisos del uso del agua y aprovechamiento de los recursos hídricos genera “ruido”, en cuanto a la definición en los niveles 1 y 2, que asignará pagos a las Juntas de Agua, cuando su origen es de interés social y no empresarial.
El primer nivel establece una autorización cuando sea igual o mayor a los 365 mil metros cúbicos por año y que no exceda los mil metros cúbicos diarios. Mientras, el nivel 2, cuando el caudal sea menor a los 365 mil metros cúbicos, deberán solicitar un medidor para determinar el consumo de agua.
“Como representante de las Juntas de Agua, seguimos desconociendo la afectación que tendremos con esta ley. Y nos preocupan los permisos y medidores, más cuando hay comunidades que no cuentan con esos medidores porque tiene altos costos”, dijo, Ana Coreas, de la Junta de Agua Ahuachapán.
Los cánones que se van aplicar son aún una interrogante para estas administradoras de agua comunitarias, quienes tendrían que trasladar ese costo a sus usuarios. Al señalar un impacto negativo porque no todas las Juntas de Agua, son numerosas y no todas cuentan con los mismos recursos económicos.
“Le pedimos al presidente de la república, Nayib Bukele, a los diputados y diputadas de la Comisión Ad Hoc, que modifiquen esta ley de recursos hídricos y, que tornen el derecho de la población al agua y no las grandes empresas. Somos los que conocemos los pro y los contra que ocurren en esos lugares, porque este pago de canon, nos va a provocar problemas”, acotó Coreas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución (64/292), reconoció que “el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos”, por tanto, el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) demandó que se garantice el interés social sobre el mercantilista para este bien natural. “La visión empresarial con que esta ley fue creada y con la poca participación que se da al conglomerado en todo el país, es lamentable”, dijo, Monseñor Elías Samuel Bolaños, Obispo de Zacatecoluca y presidente de Cáritas El Salvador que integra el MCA, al reaccionar sobre la reciente aprobación del contenido de la Ley General de Recursos Hídricos en la comisión respectiva.
“Consideramos, como movimiento del agua y la población en general, sobre la aprobación de esta ley, que aparentemente se consultó con algunas asociaciones e instituciones, pero que al final, no recogen ninguna de las peticiones que les presentaron como bajar el volumen y los años (a los permisos)”.
“Al principio lo hicieron, pero de repente con una excusa de carácter netamente empresarial, vuelven a elevar el número de años en la concesión del agua para esas grandes empresas. Es claro, que quienes movieron las fuerzas allí, fue el gran empresariado y no las personas más alejadas y pobres donde es difícil obtener el agua”, argumentó Monseñor Bolaños.
Asimismo, advirtió del “centralismo” que tendrá la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), como organismo de dirección y que estará más enfocado en la ciudad que en la zona rural en donde se encuentran los afluentes, los mantos acuíferos y cuencas hidrográficas.
“Se pidió la participación e inclusión de las Juntas de Agua, que son más de 2 mil, y son los que proveen de agua a los más pobres y no fueron escuchados, han sido invisibilizados y excluidos. Han sido tratados como una gran empresa, imponiendo pagos como grandes contribuyentes”, agregó.
“La Iglesia fue citada a la comisión Ad Hoc, y los planteamientos que se hicieron fueron claros, que haya participación ciudadana y se tome como punto de partida, el derecho humano al agua, el agua como elemento vital para todos”, añadió. “La ley está enfocada en una visión empresarial, que es lo que piden o quieren las empresas embotelladoras de agua o embotelladoras de jugos y la ley les atendió a ellos. El deber del Gobierno es cuidar del bienestar y salud de cada persona, mientras no se apruebe el derecho humano al agua, las fuerzas económicas tendrán la ley a su favor”, reiteró Monseñor Bolaños.
Sobre la participación ciudadana a través de organizaciones y la academia, quienes generaron observaciones sobre el contenido de la normativa presentada por el presidente Nayib Bukele, Edgardo Mira, de CEICOM, que integra al MCA, refirió que esperaban realmente la incorporación de los aportes científicos y técnicos, pero fueron desechados por la comisión Ad Hoc, que suelen afirmar estar al lado de la población.
“En la ley no hay ningún elemento que nos indique que efectivamente se va a considerar la participación de las comunidades organizaciones en la gestión del agua, se anula totalmente y el rol que desempeña la Junta de Agua. Y se le está dando carácter técnico en la conformación de los mecanismos de cuenca que han sido acordados, incluso administrativamente”, dijo Mira.
“El tema de la participación de la población es clave, sobre todo, en las decisiones porque si la población será afectada esta deberá ser tomada en cuenta, debe decidir sobre los procesos. Ahí está el caso en La Labor (Ahuachapán) donde hay un conflicto por el agua, porque la gente no fue tomada en cuenta y eso consideramos que puede replicarse en otros puntos del país, por el tipo de ley que se ha aprobado”, puntualizó, Mira.
