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Redacción Nacionales
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La Fundación Cristosal interpuso hoy tres demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra tres leyes que, según la institución, favorecen la corrupción al eliminar el requerimiento constitucional de garantizar la competencia, libre concurrencia y transparencia.
Las inconstitucionalidades son contra la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico; Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales.
Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de CRISTOSAL, dijo que con las leyes anteriores, la Asamblea Legislativa da facultades al Ejecutivo para que establezca las condiciones de contratación de las obras.
“Esto vulnera la Constitución de la República, ya que cada órgano tiene sus propias facultades y lo que corresponde en este caso es a la Asamblea y no al Ejecutivo. No se puede poner a regular al Órgano Ejecutivo cuáles serán las condiciones de contratación pública”, destacó Lopez.
Las leyes aprobadas permiten al Ejecutivo adoptar un sistema de contrataciones públicas que prescinde de forma absoluta de la licitación pública como mecanismo instituido por el constituyente para las contrataciones y adquisiciones que se sufraguen con fondos públicos. Normaliza la contratación directa prescindiendo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
