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Redacción Nacionales
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La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) dijo que la actual legislatura (2021-2024), dominada por Nuevas Ideas, “ha dejado en evidencia su desinterés por garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado”; ya que no aprobó una Ley de Justicia Transicional que tanto han pedido las víctimas de la guerra civil, no solo a esta legislatura, sino también, a las anteriores.
Para la MECIES, el discurso y la actuación de los diputados de Nuevas Ideas “ha estado plagado de promesas incumplidas. Como en legislaturas anteriores, la actual composición de la Asamblea Legislativa quedará marcada en la historia porque frustró, por tres años más, la aspiración de verdad y justicia de cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos del conflicto armado”.
El colectivo de víctimas del conflicto armado, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos que las representan, presentó el 7 de octubre de 2021 el “Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador”, a través de la iniciativa de ley de la diputada Claudia Ortiz.
El proyecto de ley fue el resultado de consultas a colectivos de víctimas que representaban diferentes regiones del país, quienes ratificaron la incorporación en su texto de los estándares internacionales de derechos humanos, a través de los pilares de la justicia transicional que reconocen los derechos de acceso a la verdad y a la justicia, así como a recibir reparaciones adecuadas, instaurar medidas de no repetición y preservación de la memoria histórica, establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 que anuló los efectos de la Ley de Amnistía General de 1993.
Sin embargo, a finales de 2021 y principios de 2022, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa convocó a instituciones estatales como la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Medicina Legal, y la extinta Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), entre otras, para que brindaran aportes que se debían incorporar en la anunciada ley de justicia transicional. También convocaron a personas generadoras de opinión, pero que no representaban a las víctimas.
En febrero de 2022, diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos solicitaron ser escuchadas, por lo que algunas fueron convocadas, entre ellas: Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidas, FESPAD, COMADRES y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. Sin embargo, los colectivos que habían ingresado el proyecto de ley antes citado no fueron convocados.
La citada comisión omitió dar estudio a dicho proyecto a pesar de que contaba con iniciativa de ley y fue presentado con el respaldo firmado por muchas víctimas.
En las sesiones de instancia legislativa con las organizaciones que lograron ser escuchadas, la presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, se comprometió de forma pública al asegurar que “esta legislatura, sí tenía la voluntad política para aprobar una Ley de Justicia Transicional”, que les garantizaría los derechos de justicia, verdad y reparación a las víctimas; también se comprometió a crear una mesa técnica entre los diputados, colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan. Sin embargo, esta promesa no se cumplió.
Por tanto, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) presentó cartas dirigidas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a la presidenta de la Comisión de Justicia y DD.HH., Rebeca Santos, para solicitar audiencia y dialogar sobre el proceso de aprobación de la ley. Estas solicitudes fueron ignoradas y la citada comisión abandonó por completo el estudio y debate sobre el tema.
Ana Julia Escalante, de la Asociación Pro-Búsqueda, dijo que existe esa deuda pendiente, cumplir con una de sus responsabilidades ante uno de los hechos de gran envergadura en el país, como fue el conflicto armado, principalmente, las víctimas que dejó ese conflicto.
“El hecho de presentar un proyecto de ley fue precisamente con la esperanza de que existiera un marco legal que respondiera a derechos de las personas afectadas durante el conflicto, hablamos de civiles que tuvieron que huir de su casa, familias que les fueron arrebatados sus hijos, familias que perdieron la posibilidad de poder localizar a sus seres queridos adultos y que todavía lo siguen buscando”, agregó Escalante.
Para la representante de Pro-Búsqueda, la guerra civil dejó “una gran cantidad de secuelas en la sociedad y la posibilidad de poder reparar esos efectos a través de una estructura legal que pudiera dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia y reparación para poder sanar ese periodo de guerra tan oscuro que vivió El Salvador, estaba centrada en esa ley”.
A tres meses que finalice la actual legislativa, la MECIES manifestó que es oportuno señalar su omisión de legislar en dicha materia, incumpliendo la sentencia de inconstitucionales que le obliga. “La propuesta de las víctimas no fue analizada por la actual la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, repitiendo la historia de sus antecesoras: prometieron y no cumplieron, por lo que las víctimas del conflicto armado se verán obligadas nuevamente a demandar sus derechos ante la nueva legislatura 2024-2027”.
“Los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este balance, señalamos que la Asamblea Legislativa de 2021 a 2024 reprobó en materia de justicia transicional (…) se niega a las víctimas su derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral de las heridas de la guerra, como único camino para una paz y una reconciliación sostenible”, concluyó la MECIES.
