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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La jornada en el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, Morazán, estuvo marcada por dos buenas noticias para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
La primera, la juramentación de los antropólogos sociales, Irina Carlotta Silber, de Argentina, y Ralph Sprenkels, de Holanda, quienes tendrán a cargo el estudio e investigación del contexto político, social, cultural y económico, de esa época, para luego rendir un informe dentro de tres meses ante el juez de la causa, que pedirá sus testimonios sobre sus hallazgos y conocimientos de los hechos violentos, como “peritos oficiales”, del juzgado.
La sala del juzgado que suele lucir abarrotada con una docena de abogados defensores de los militares imputados por el crimen de lesa humanidad, estuvieron ausentes, pese a que fueron notificados en tiempo de esta audiencia especial. No obstante, los fiscales del caso afirmaron que el proceso continúa de forma normal, ya que no había justificación para el retraso.
En la preparación para la toma de juramento de los nuevos peritos judiciales, el juez Guzmán Urquilla les recordó la importancia del trabajo independiente, veraz y rigurosamente científico que tendrán a cargo, que será un elemento importante para valorar si el magistrado, eleva a juicio la denuncia de las víctimas y sobrevivientes en el proceso judicial.
“Este informe sobre las condiciones en los lugares que investigarán para la prueba de contexto, deberá contar con información especializada, técnica y científica, de esto que sucedió hace treinta y siete años. Y es muy difícil tener datos de esos hechos ocurridos ese fatídico diciembre, que es una historia vergonzosa y negra del país. Y las víctimas son en este proceso judicial el centro y tenemos que escucharlas y devolverles el resarcimiento de sus derechos humanos” reflexionó el Juez Guzmán.
David Morales, director de litigio estratégico de CRISTOSAL, reiteró que los antropólogos sociales y culturales vendrán a reforzar con documentación, lo que se conoce, como la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que dejó a más de 350 personas asesinadas y de la cual la mayoría era población infantil.
“Las pruebas testimoniales y los hallazgos forenses que se han hecho años atrás, confirman plenamente el crimen de guerra, la presencia del batallón Atlacatl, aunque las autoridades del ministerio defensa, sigan bloqueando la información oficial, incumpliendo su deber de contribuir a la justicia. Aunque la fuerza armada ha entregado ya, una cantidad importante de información que permite establecer, quienes integraban la cadena de mando que se utilizó para ejecutar la matanza” reseñó.
Los militares implicados pertenecieron al Estado Mayor de la fuerza armada, comenzando por los generales: José Guillermo García, Juan Rafael Bustillo y Rafael Flores Lima; el coronel, Jaime Flores Grijalva, entre otros militares de alto rango en la década de los años ochenta.
En cuanto a la segunda noticia, el juez Jorge Guzmán Urquilla autorizó la exhumación de restos óseos de cinco miembros de la familia Pereira Márquez, afirmó Wilfredo Medrano, abogado acusador de la asociación tutela legal “Dra. María Julia Hernández”, quien consideró una prueba más que fortalece la causa de los sobrevivientes y víctimas.
“Se podría encontrar a: María de la Paz Pereira Márquez (35 años), Rufino Márquez (30 años), Edith del Carmen Pereira Márquez (10 años), María Gloria Pereira Márquez (9 años), José Aníbal Pereira Márquez (5 años) y José Arístides Pereira Márquez (3 años) de edad. Es una familia completa que fueron asesinados el 11 de diciembre de 1981, por el batallón Atlacatl. Sus familiares afirman que ellos vivían en esta zona y desde la masacre de El Mozote, nunca más los volvieron a ver”.
Sobre esta nueva exhumación, Medrano afirmó que los familiares sobrevivientes serán objeto de pruebas de ADN (prueba genética) para establecer los lazos de consanguinidad. Ante la situación que muchas familias completas huyeron y podría ser otra familia.
“Los restos óseos fueron encontrados en el caserío El Mozote, a unos 300 metros de la Ermita, los que fueron encontrados por unos pobladores que preparaban el campo para labores agrícolas y no es extraño, en vista de las condiciones climáticas, los restos humanos están saliendo de la tierra”, dijo.
En cuanto la exhumación de estas cinco personas, el proceso judicial forense estará a cargo de la antropóloga Silvana Turner del equipo argentino de antropología forense y miembros de medicina legal que pueden ser de San Salvador o San Miguel.
“Esto viene a fortalecer el proceso judicial, que está en la etapa de instrucción y para evidenciar más que esta masacre fue cometida por la fuerza armada. Aquí, se podrían hallar otras fosas, pero lo que ocurre es que, muchas víctimas no recuerdan a dónde enterraron a sus familiares, cuando huyeron para salvar sus vidas. Los restos óseos fueron encontrados el 29 de enero de 2019, así que las taparon para que este jueves 14 y viernes 15, sean exhumadas”, manifestó.
