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Las niñas y las mujeres en El Salvador, avances y retrocesos

Blanca Flor Bonilla

Luchadora Social por los Derechos Humanos

El Salvador en los primeros 19 años del siglo XXI tuvo avances cuantitativos y cualitativos de igualdad y equidad de género para niñas y mujeres expresados en la legislación; y particularmente entre los años 2009 y 2019 se avanzó en políticas públicas nacionales y municipales.

El Foro Permanente de Mujeres de Partidos Políticos de El Salvador, donde participaban mujeres en cargos de dirección de los partidos políticos, legisladoras nacionales y centroamericanas, alcaldesas, concejalas y funcionarias en los gobiernos nacionales, elaboró en 2001 una agenda de incidencia nacional con base en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en Convenios Internacionales firmados por los gobiernos anteriores y ratificados por la Asamblea Legislativa. En 2016 se retomaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). El Foro tuvo incidencia en la Asamblea Legislativa con leyes en favor de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; y de los gobiernos nacionales y municipales.

Se dieron saltos sustanciales en el camino a la igualdad de género con la participación protagónica de las mujeres organizadas, se aprobaron leyes nacionales que le dieron vida a los Convenios y Declaraciones Internacionales, como la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE)  de 2011, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en vigencia desde 2012, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) de 2009.

Estas leyes contienen lineamientos de políticas públicas con incidencia en los gobiernos nacionales y municipales, creando nuevas instituciones, fortaleciendo a las existentes, construyendo mecanismos de articulación y coordinación para su aplicación desde el ámbito nacional hasta lo local, por ejemplo, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y de otros mecanismos institucionales que posibilitaron la convergencia de agendas y recursos en los derechos humanos de las mujeres y niñas1.

El Salvador se ubica en el corredor migratorio más importante del mundo, por el que transitan alrededor de 392,000 personas al año en condición migratoria irregular2. Las mujeres y las niñas migrantes son más vulnerables a las diferentes formas de violencia durante todo el ciclo migratorio, además de que, en su destino, se encuentran con que se reproducen las discriminaciones en los mercados laborales segmentados por género, etnia y clase social.

Las mujeres y niñas que conforman el mundo rural -campesinas e indígenas- suponen el 85.2% de la población económicamente inactiva (PEI) en condición de pobreza; el 50.8% carece de ingresos propios, frente al 17.0% de los hombres. Su destacada contribución a la seguridad alimentaria es conocida y queda de manifiesto en los datos de DIGESTYC de 2017.

Las minorías étnico-raciales sufren discriminación y desventajas económicas, principalmente las mujeres. La población indígena constituye entre el 10% y 12% de la población total. En 2018 se oficializaron la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador y la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas; y se creó una Mesa Multisectorial para Pueblos Indígenas. Respecto de la población afrodescendiente, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), se reconoció a la sociedad como país multicultural y pluriétnico3.

El país expandió el acceso universal gratuito a los servicios públicos entre 2009 y 2019. La pobreza, disminuyó del 39.0% al 31.0% entre 2007 y 2016 y, en el mismo período, la pobreza extrema disminuyó del 15% al 10%. El Salvador también se convirtió en un país más igualitario en los últimos años, con el segundo nivel más alto de igualdad en América Latina y el Caribe, a la par del promedio mundial. La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, se redujo de 0.51 en 2001 a 0.38 en 20184.

A pesar del fortalecimiento institucional persistieron importantes brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas del desarrollo de las personas; las cuales han incrementado a partir del 2019 por las decisiones políticas desde el ejecutivo y por el cambio de leyes fuera del enfoque de derechos.

El debilitamiento estratégico de Ciudad Mujer, el despido de 85 trabajadoras del ISDEMU y de otras instituciones creadas en gobiernos anteriores, y el control total del Estado desde la Presidencia de la República, amenazan con deteriorar todavía más la calidad de vida de las niñas y mujeres, y con incrementar la violencia de género y las desigualdades en derechos a las niñas y las mujeres en todas las áreas de la vida.

  1.ONUMUJERES América Latina y el Caribe. Perfil de país según igualdad de género de El Salvador. 2020.

2. OIM, ACNUR y SICA, 2019.

3.UNFPA El Salvador. Evaluación Final del VIII Programa de País de UNFPA en El Salvador (2016-2020). 2020.

  4.BANCO MUNDIAL. El Salvador: panorama general. Octubre 2020.

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