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@dennis__argueta
Este martes se lanzó un proyecto que tiene como objetivo fortalecer el trabajo y diálogo entre la sociedad civil y los Estados de El Salvador y Honduras, para así garantizar los derechos de las mujeres, juventud y personas LGBTI de ambos países.
El nombre del proyecto es “impulsando la gobernanza desde la sociedad civil para la prevención, restitución de Derechos y prohibición de la tortura y malos tratos a las mujeres, juventudes y poblaciones LGBTI en El Salvador y Honduras.
El proyecto fue lanzado por Oikos– Cooperação e Desenvolvimento, Servicio Social Pasionista SSPAS (El Salvador), Agrupación ciudadana para la Despenalización del aborto, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local CFDL (El Salvador), Centro para el Desarrollo y Cooperación LGBTI, Somos CDC (Honduras) y el Centro de Estudios de la Mujer (Honduras).
“El objetivo general es contribuir y fortalecer en los niveles de gobernanza de la sociedad civil y el Estado en el ciclo de la política pública, el seguimiento de la rendición de cuentas a las políticas públicas al tema que nos compete que es la prohibición de la tortura y los malos tratos, restitución de los derechos de las mujeres, juventudes y LGBTI”, dijo Fabio Cano, representante de Oikos.
Con este proyecto se espera que se incrementen las capacidades de trabajo y fomentar el diálogo y el compromiso mutuo con instituciones públicas de los Estados de Honduras y El Salvador, además de establecer los mecanismos nacionales de Prevención. Por otra parte, facilitar la información a las diferentes poblaciones sobre mecanismos de denuncia y acceso a servicios.
Luego se encuentra elaborar propuestas para la mejora de políticas públicas y su rendición de cuentas y fortalecer las capacidades de las organizaciones ejecutoras para brindar protección y prevención integral a las personas defensoras de derechos humanos.
A esto último, se agrega que actualmente en el país no existe ninguna ley aprobada por la Asamblea Legislativa que proteja a las personas defensoras de Derechos Humanos.
Por otro lado, la representante Agrupación ciudadana para la Despenalización del Aborto, Morena Herrera expresó que el papel de las organizaciones sociales es ser entes críticos, sino no tendría sentido que dichas organizaciones existieran, y así construir a una gobernanza democrática desde un espíritu crítico.
“Como organización que se identifica con el feminismo, hace años definimos una forma de trabajo con las instituciones públicas, que es la única colaboración crítica, es decir, nosotras no nos cerramos a ningún tipo de relación con ninguna instancia del Estado, siempre y cuando nos resguardemos el derecho de la crítica”.
Morena también agregó que se reconoce poco el hecho de que una niña tenga que vivir un embarazo y una maternidad impuesta y forzada ya que es una tortura, y el proyecto se plantea la prevención o prohibición de la tortura y ahí radica su importancia.
“Debemos tener claridad que una niña que viva un embarazo, una niña de 10 años, o una mujer adulta que sea violada y que producto de ese hecho de violencia sexual viva un embarazo impuesto y se le obligue a continuar ese embarazo, eso es una tortura un trato inhumano y se nos niega la condición de personas”.
El proyecto tendrá una duración de cuarenta meses (enero 2021-abril 2024) y buscará la participación de cerca de 2,000 personas jóvenes, mujeres y población LGBTI, organizaciones de sociedad civil y mesas de diálogo.
