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Por David Alfaro
08/09/2025
–Anoche, en mi espacio de Twitter, el doctor Rafael Aguirre, de SIMETRISSS, nos habló con datos duros que nos helaron la sangre. Dijo sin rodeos que la salud en El Salvador vive una crisis tan grave que se parece a la de un país recién salido de una guerra. Y lo que expuso confirma lo que muchos ya sentimos: estamos al borde de un colapso sanitario–.
El doctor reveló que de los 800 millones de fondos técnicos del ISSS, el 80 % (es decir, 640 millones) ya están en manos del gobierno. Ese dinero pertenece a los trabajadores, está ahí para garantizar medicinas, atención y equipo. Pero ahora lo han desviado, y mientras tanto, los hospitales se quedan sin lo más básico y los pacientes mueren esperando.
Como si fuera poco, la llamada nueva ley de la “red nacional de hospitales” aparece como la gran solución, pero en realidad es la puerta a la privatización encubierta de la salud pública. Con esa ley, los hospitales empiezan a funcionar como empresas: quien pueda pagar, sobrevive; quien no, queda afuera. Eso no es modernización, es negocio con la vida de la gente.
El panorama para el personal de salud tampoco es alentador. Aguirre advirtió que, con esta ley, se podrá prácticamente esclavizar a médicos y enfermeras: jornadas abusivas, condiciones precarias, despidos masivos. Se trata de deshumanizar a quienes sostienen el sistema, de tratarlos como piezas descartables. Un sistema que maltrata a su gente está condenado a fracasar.
Y la tragedia se siente todos los días en la vida de los pacientes. El desabasto de medicamentos ya es masivo. La Encuesta de Pobreza Farmacéutica 2024, hecha por la @UFGoficial y la Asociación Farmacia Solidaria, reveló que más del 53 % de usuarios del sistema público (incluyendo el ISSS) no reciben los medicamentos que necesitan. Millones de salvadoreños salen de las consultas con recetas en la mano, pero sin la medicina. Enfermarse hoy en El Salvador significa jugarse la vida.
Lo que escuchamos en ese espacio de Twitter no fue exageración ni discurso político. Fue la radiografía de un sistema en ruinas: fondos saqueados, leyes hechas para privatizar, personal de salud esclavizado y pacientes condenados a la indefensión.
La conclusión es amarga, pero clara: si no reaccionamos ya, la salud pública en El Salvador se perderá para siempre. La salud no es un lujo ni un negocio, es un derecho humano básico. Y hoy ese derecho está siendo pisoteado. La pregunta es si el pueblo salvadoreño se quedará callado o si alzará la voz antes de que la posguerra se convierta en nuestra única realidad.
