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@GloriaCoLatino
El especialista en agua y minería, thumb find Andres Mckinley, order del IDHUCA, explicó que en los procesos mineros se utilizan miles de metros cúbicos de agua diarios y para un país que sufre de “estrés hídrico”, como El Salvador, se convierte en una amenaza a corto plazo al aumentar su vulnerabilidad. “En los proyectos mineros el suelo se remueve, ya sean terrenos agrícolas o agro-forestales, hacen grandes tajos y la abren dejándola así, a cielo abierto. Y es que, la primera víctima de la minería es el agua”, dijo.
El Taller de “Percepciones de la Ciudadanía Salvadoreña sobre la Minería Metálica” la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a través, del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) y el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), junto a OXFAM, socializaron la última encuesta de opinión sobre la incursión de esta industria transnacional en suelo salvadoreño.
Mckinley confirmó que un 80% de la población entrevistada consideró al país no apto para la minería -lo que consideró razonable- ya que 23 municipios de la cuenca del río Lempa se verían afectados al permitir el ingreso de las transnacionales mineras.
“El estudio es contundente, un 76% de los encuestados no querían ver un proyecto minero en su municipio y un 77% expresó que este gobierno debe tomar medidas concretas para el cierre definitivo a la entrada de esta industria”, comentó.
El experto llamó la atención de las aseveraciones de organizaciones como la FAO, que afirmó que El Salvador es el país más deforestado en las Américas, después de Haití, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ha reconocido que el país tiene menor disponibilidad de agua dulce por persona en Centroamérica y es vulnerable frente a la amenaza de fenómenos climáticos.
“Se debe de analizar todo estos elementos antes de pensar en una actividad -que por su naturaleza – es dañina al medio ambiente, las empresas mineras han tratado de convencer que hay nueva tecnología que protege o está en armonía con el medio ambiente. Términos como “minería verde”, en El Salvador; “minería moderna”, en Guatemala; o “minería responsable”, en Honduras, son únicamente términos de tecnología que no ofrecen nada nuevo. El Banco Mundial ha planteado que no hay mina que no contamina”, reiteró.
En cuanto, a los yacimientos y la calidad de los metales preciosos que estarían en el subsuelo del país, McKinley reafirmó que sería raro encontrar depósitos con concentraciones mayores a 12 ó 14 gramos por tonelada de roca, y contextualizó que para fabricar un anillo se debe extraer y procesar más de 20 toneladas de roca.
“El 70% de las minas de oro en el mundo son de cielo abierto, o sea, perforación de hoyos profundos ¿por qué? la concentración de oro que ha quedado en el subsuelo de este planeta, después de siglos de explotación, que, en el caso centroamericano fueron los españoles, luego las empresas norteamericanas, y las más reciente de las transnacionales canadienses que solo encuentran oro de bajo contenido o baja calidad”, aclaró. Jeannette Aguilar, Directora del IUDOP, advirtió sobre el aumento de la población que rechaza la industria minería metálica en el país, que deduce por una toma de conciencia en que la gente ya no ve en la minería una alternativa viable para sus proyectos de vida en su municipio.
“Hay que poner el tema en la agenda nacional, que haya más conciencia de la población salvadoreña en torno a la amenaza que estas industrias transnacionales representan para la vida y sustentabilidad del medio ambiente del país”, observó.
Así, también, sugirió a las autoridades gubernamentales elaborar marcos jurídicos determinantes como una ley de prohibición definitiva de las industrias extractivas en razón de garantizar que no habrá contaminación de las fuentes de agua y recursos naturales del territorio nacional.
“Debemos trabajar también frente a los proyectos mineros regionales porque, ya estamos siendo afectados con la Mina del Cerro Blanco, en Guatemala, y hay otros tantos proyectos mineros en Honduras que contaminan con cianuro y otros metales pesados al afluente del río Lempa”, aconsejó.
A El Salvador las amenazas no le han llegado, solamente se encuentran en territorio nacional el litigio pendiente de resolución en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington, mantiene al Estado salvadoreño y la transnacional minera Pacific Rim/Oceana Gold, enfrentados con una demanda de 314 millones de dólares.
Luis Parada, de la firma de abogados Foley Hoag en Washington contratada por el Estado salvadoreño en el arbitraje de Pacific Rim – Oceana Gold, expresó su confianza de haber presentado una buena defensa durante el proceso, cuya audiencia final se realizó el 15 de septiembre de 2014.
“Solo estamos esperando la decisión del CIADI, antes que finalice este año, aunque no hay un plazo fijo sobre la decisión”, dijo.
