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Yosselyn Gámez
@DiarioCoLatino
Ante la crisis actual del sistema de pensiones la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADESES), treat da a conocer una propuesta de solución integral, sovaldi sale social, constitucional, política y económica más allá de las visiones netamente financieras.
La urgente necesidad de crear un fondo de pensiones que garantice un retiro laboral digno para todos los salvadoreños, fue el punto sobre el cual se reunieron, trabajaron y discutieron sectores de la sociedad, entre políticos, movimientos sindicales y especialistas en el tema, para elaborar la propuesta: “Pensión para Todos”.
El presidente de ADESES, Salvador Arias, señaló que “la pensión es un derecho constitucional para todos los salvadoreños” y que en el sistema privado de El Salvador esto no se cumple. En este sentido, una de las propuestas es que “los que trabajan por cuenta propia pasen a ser cotizantes”, también “abrir la posibilidad de pensión a los salvadoreños en el extranjero”.
Uno de los puntos centrales que enmarca “Pensión para Todos” es que debe desprivatizarse el fondo de pensiones. Se propone un Sistema Solidario de Capitalización Colectiva para Pensiones, en el que el Estado, trabajadores y pensionados sean los administradores. “El sistema de capitalización colectiva es viable y es la mejor solución para los trabajadores cotizantes y para las finanzas”, dijo el representante de ADESES. Los fondos de pensiones se privatizaron en 1996 y entró en vigencia en 1998. Al privatizarse, el país adquirió una deuda de 24 mil 43 millones de dólares. En la actualidad el monto de la deuda previsional a valor en el presente, se estima que es de 24 mil 85 millones de dólares, esto significa que la deuda no ha variado en más de 17 años.
De acuerdo con Arias, en el nuevo sistema se debe instituir un asocio público privado, entre el Estado, trabajadores, cotizantes y empleadores, y así constituir un Sistema de Ahorro para la Vejez, que sería el único administrado por las AFP. En este último, el Estado no tendría responsabilidad y las personas tendrían la libertad de ahorrar o no en este sistema.
El sistema privado de pensiones ha representado para el Estado una erogación por 8 mil 517 millones de dólares. Por otra parte, a los trabajadores les han descontado en sus cotizaciones 1,358 millones de dólares. Esto significa que al pueblo salvadoreño, la privatización de pensiones le ha costado 9 mil 875 millones de dólares. “Está claro que la privatización constituyó un mal negocio para el gobierno y los salvadoreños, expresó Arias.
La propuesta, que conlleva cambiar el sistema de pensiones a uno público, indica que los costos que genere la entidad pública que surja, deben ser asumidos por el Estado, como parte de su obligación contenida en el artículo 50 de la Constitución de la República. Esto en referencia a que la seguridad social constituye un servicio público obligatorio, al que debe contribuir la parte estatal. Además de que los Fondos deben estar totalmente desligados de la caja central del Ministerio de Hacienda.
ADESES informó que en el estudio que han realizado para elaborar esta propuesta encontraron “cinco vicios de inconstitucionalidad” del actual sistema de pensiones. Entre los mencionados: “obligaron al Estado a pagar las compensaciones; la ley de fideicomiso fue aprobada por la Asamblea Legislativa cuando solo era un decreto del presidente Saca”, dijo Arias. Con este aspecto, en próximas fechas la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) presentará un recurso de inconstitucionalidad para pedir que se anule el sistema actual, y se estará presentando una propuesta de anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Entre los aspectos que se reúnen en el documento para impulsar un nuevo sistema “mas solidario” destacan, el diseño de políticas públicas para incentivar el empleo; establecer la progresividad de las cotizaciones; quitar el límite de cotización a los salarios altos; invertir los recursos del fondo de pensiones en instrumentos rentables y seguros; ponerle límite máximo a las pensiones y establecer una política salarial digna e invertir en los recursos de fondos de pensiones.
