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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
David Morales -director de Litigio Estratégico de Cristosal- expresó su preocupación por las últimas acciones de la comisión Ad Hoc, precedida por el vicepresidente Félix Ulloa, que se encuentra en la promoción de una reforma constitucional, quienes han manifestado inclinaciones a dar un primer plano a la Fuerza Armada, que consideró era un retroceso en materia democrática.
“Mi perspectiva personal es que este grupo Ad Hoc, que promueve una reforma constitucional no es un grupo de trabajo que ha ganado legitimidad, creo que la consulta que está haciendo -en ningún momento- puede llamarse consulta, porque no es lo suficientemente amplia y representativa. Y preocupa mucho, que se le esté dando protagonismo a la Fuerza Armada en momentos que tenemos una gestión de Gobierno (presidente Nayib Bukele) que está promoviendo el militarismo y haciendo un uso político de la Fuerza Armada”, manifestó Morales.
Como abogado de la república, Morales reiteró que actualmente el uso político de la Fuerza Armada ha caído en el “abuso”, aunque señaló que luego de la post guerra, todos los gobiernos la utilizaron en actividades que constitucionalmente no le corresponden, como en materia de seguridad ciudadana.
“Recordemos que el actual presidente (Nayib Bukele) promovió la toma militar de la Asamblea Legislativa (9 febrero 2020), en un acto de presión de la fuerza inconstitucional, como fue declarado en su momento. Y constituyó una verdadera amenaza de la destitución de la Asamblea Legislativa”, argumentó.
En cuanto a la comisión Ad Hoc, consideró que también estaría contribuyendo a ese “militarismo inconstitucional” y totalmente en contra de los Acuerdos de Paz, situación que debería de alertar a la población civil, por las últimas informaciones atribuidas a este grupo consultor, sobre la reconsideración de volver al servicio militar obligatorio.
“Esto va en contra de una de las grandes conquistas de los Acuerdos de Paz, la violación a los derechos de la niñez y adolescencia, por la vía del reclutamiento forzado, es una violación de los derechos humanos que se dio durante el conflicto armado y prohibida por distintos tratados internacionales, promover el militarismo y reinstaurar el servicio militar obligatorio, pues es un retroceso en el texto y espíritu de los Acuerdos de Paz, y la reforma constitucional histórica de 1992”, acotó.
Morales llamó la atención a los actores sociales, a pronunciarse por las acciones inconstitucionales y el rumbo de regresión en materia de derechos humanos, que costó en la década de los años ochenta, miles de vidas y desapariciones al país, por la práctica en esa época del terrorismo de Estado.
“Es una comisión que parece está poniendo sobre el debate del cambio constitucional, aspectos que son conquistas democráticas del país; que ha costado mucho sacrificio a este pueblo, y es lamentable, que se esté dando este rumbo y que el mismo rol de la Fuerza Armada, esté en medidas de seguridad, eso claramente es inconstitucional, la jurisprudencia lo manda la Constitución, lo deja muy claro. Todos los gobiernos desde la posguerra, han utilizado a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y pareciera que el Gobierno actual, lo quiere llevar más lejos. Se trata de una violación a la institución y se trata de retrocesos democráticos que no deberían admitirse desde una perspectiva de derechos humanos”, manifestó.
Asimismo, en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, y la búsqueda de información para el proceso judicial, que se lleva en el Tribunal de San Francisco Gotera, contra militares en retiro, que formaron parte del Alto Mando en la década de los años ochenta y la negativa del Gobierno al acceso o la posible destrucción de sus contenidos, Morales consideró, que este tipo de acciones solo abonan a fortalecer la idea de la “complicidad”, con los criminales de guerra.
“Debemos aclarar que destruir archivos militares es un procedimiento que regula internamente la Fuerza Armada y también, es un procedimiento admitido en la ley. No obstante, debe realizarse en las condiciones establecidas, los archivos de valor histórico como los planes militares, normativa, operaciones militares y otra información útil, no puede ser destruida, ni aún, en los mismos protocolos militares en El Mozote, lo declararon los mismos jefes del archivo central del Estado Mayor, sobre el cumplimiento de la ley”, explicó.
En cuanto a una información periodística de El Faro, sobre el señalamiento al escritor Manlio Argueta, director de la Biblioteca Nacional y el exministro de Defensa, David Munguía Payés, sobre la destrucción de archivos de “valor histórico”, denuncia presentada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ante la Fiscalía General de la República; Morales expresó su interés, para que el ente fiscal avance en la investigación y deduzca responsabilidades.
“Entiendo de la información periodística, que en su calidad de funcionario de la Biblioteca Nacional, pero cumpliendo funciones de director del Archivo Nacional de la Nación el escritor Manlio Argueta, habría intervenido dando el aval a la destrucción de archivos. Esto debe quedar consignado en actas, -así que- es probable que si se destruyó material de valor histórico, no solo se violentó la ley, sino la consecuencia de dar protección a criminales de guerra.
Por otro lado, estas supuestas destrucciones se dieron en el marco de solicitudes de información de organizaciones a derechos humanos, sobre casos de masacre a población civil campesina realizadas por la Fuerza Armada, entonces, si se destruyeron archivos mientras, hay una investigación en curso, la situación es más grave porque puede significar que se hizo con fines de proteger a los responsables de esos crímenes e impedir investigaciones a grandes violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
