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Lorena Rodríguez
@DiarioCoLatino
La crisis hídrica que enfrenta El Salvador es una preocupación para los defensores de los recursos medioambientales, pues pone en riesgo la garantía de una vida digna para los salvadoreños. El foro “Crisis hídrica en El Salvador: un abordaje académico a los desafíos y perspectivas de regulación”, organizado por la Dirección de Postgrados de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y en coordinación con la Maestría en Estadísticas Aplicadas, se convirtió en un espacio para intercambiar experiencias con autoridades involucradas en el tema del agua.
“Nosotros desde la Procuraduría estamos convencidos que tenemos que ver el tema desde la perspectiva de los derechos humanos para superar esta crisis” y eso implica un cambio de pensamiento no solo de los gobernantes sino también de los políticos, explicó la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Yanira Cortéz Estévez
En ese sentido, la funcionaria expresó que a partir de la perspectiva de derechos humanos se pueden encontrar respuesta partiendo de sus dimensiones: en el derecho internacional, los avances más significativos han sido el reconocimiento implícito del derecho humano al agua en el año 2010 relacionándolo con aspectos de una vida digna y, posteriormente, estableciendo obligaciones para el Estado.
Según el Consejo de Derechos Humanos, es obligación de los Estados en materia de agua: respetar, el Estado debe intervenir con autorizaciones, actividades o proyectos que puedan impactar a las personas que ya tienen su acceso al agua; proteger, los Estados deben protegernos de terceros que puedan dañar los bienes naturales; promover, promover nuestros derechos y que conozcamos el contenido; y garantía, el Estado debe emplear los máximos recursos y debe hacer lo máximos esfuerzos para garantizar el agua.
Sin embargo, cabe destacar que hay obligaciones que el derecho internacional llama de efecto inmediato, y se refiere a que los Estados y Gobiernos deben favorecer con instrumentos jurídicos que desarrollen el contenido del derecho humano al agua.
Debido a esto, la procuradora Cortéz explicó que para la Procuraduría es una preocupación que hasta el día de hoy la Asamblea Legislativa no muestre interés en constitucionalizar el derecho humano al agua y más aún que la propuesta constitucional no lleva la palabra “derecho humano”.
Por otro lado, el miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y del Foro del Agua de El Salvador, Carlos Flores, puntualizó que con la creación de la Ley General de Agua los salvadoreños pueden conocer cuáles son sus derechos. Sin embargo, reiteró que la negativa del órgano legislativo de no querer aprobarla se debe a que si la ley entra en vigor, su modelo de gestión de regulación se pone en riesgo.
“Ellos se oponen a que haya una institución que sea fuerte, que tenga recursos, y que tenga la fortaleza legal de intersectar o impedir que ellos hagan lo que quieran con el agua”, reflexionó Flores.
Esto situación representa un obstáculo en la dimensión del derecho interno pues el derecho humano al agua no está sustentado jurídicamente, no se reconoce como tal.
Debido a esto, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, explicó que si no hay una ley que respalde el tema de agua el Plan Hídrico no puede llevarse a cabo el ordenamiento de los distintos usos.
Sin embargo, resaltó que el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, a través del MARN, continúa trabajando y cumpliendo con los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.
