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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Hugo Díaz, arqueólogo consultor, presentó, durante el Conversatorio : Juventudes Alzan su Voces en Defensa de Sitios de Relevancia Biocultural”, su estudio sobre la bioculturalidad y los etnoterritorios, una perpectiva teórica basadas en la sabiduría de los Pueblos Indígenas para la protección de territorios y, sobre todo, para buscar la autonomía de estas comunidades.
“Hay ciertos casos que han logrado levantar bandera de colectividad, como en el caso de la bioculturalidad y el etnoterritorio en el sitio Tacushcalco, que es la primera vez, que una destrucción de patrimonio arqueológico ventilado en un Juzgado Ambiental”, dijo.
“La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 5 dice que dentro de lo ambiental está lo cultural, entonces, Tascushcalco rompió un paradigma en ese sentido. Y toda la experiencia jurídica adquirida en este caso se utilizó en el caso de la octava represa en el río Sensunapan, en donde la Cámara Ambiental, en junio 2021, estableció que no debe darse permiso a la construcción de dicha represa ”, explicó Díaz.
Sobre los conceptos de la bioculturalidad y el etnoterritorio, dijo, sobre el primero, que es un término que define la diversidad biológica y cultural interconectada a los Pueblos Indígenas y comunidades locales. Mientras, el etnoterritorio está referidad a la acumulación de la historia en el lugar a lo largo del tiempo.
Díaz agregó que estas experiencias de defensa colectiva, de llegar a concretarse en unidad social, podría genrerar el fortalecimiento de las luchas reivindicativas por los bienes naturales en el país.
“Con esta victoria de Tacuscalco, se obtuvieron otros logros más grandes que serán antecedentes para la protección de los bienes materiales e inmateriales en este país, claro, cuando funciona el Estado de Derecho”, agregó.
Asimismo, otro ingrediente es el “relevo generacional” que debe ser fortalecido por el “ataque a la memoria histórica”, que podría convertirse en un daño permanente en la cosmivisión colectiva de la población, dijo.
“Estamos viviendo un ataque, que nos quieren borrar el pasado, cuando es éste el que nos alumbra el presente, en la búsqueda de un futuro más digno y un futuro que implique la liberación de las minorías explotadas y las mayorías que en este momento están cegadas”, reiteró.
“El estudio está orientada a la perspectivas de la bioculturalidad y la etnoterritorialidad, y aplicarla en el caso salvadoreño, tomando varios elementos sociales como el etnoterrismo de 1932, y lo que ocasionó en la memoria colectiva de los Pueblos Indígenas. En todos los conflictos entre sociedades y medio ambiente, existe un marco legal que los soporta y establecer una defensa de los territorios”, sostuvo Díaz.
Hablan los jóvenes
Para los jóvenes que participaron, como Marta Alicia Pulque Mate, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, Sonsonate, y habitante de la comunidad Sisimitepet, este estudio le confirma que la lucha de otras generaciones por los bienes naturales es justa y se encuentra bajo amenaza constante.
“El estudio toca los impactos que han generado todas estas implementaciones de estos proyectos extractivistas dentro de los territorios indígenas . Como en las comunidad de Ahuachapán y Sonsonate, que la principal viene de la masacre de 1932 en adelante”, afirmó.
“En ambos departamentos hemos descubierto que aún hay gente que no se dimensiona como índigena, y no siente pertenencia. Y es porque este conocimiento oral de generación a generación, no ha sido transmitido por parte de las familias por las mismas represalias del 32, y no nos reconocemos de donde venimos, y no nos identificamos con la problemática de nuestros territorios”, añadió Pulque.
Juan José Cortez, del municipio de Nahuilingo, que forma parte de la MESUTSO, y coordinador del Comité Intersectorial, señaló que la lucha social por el “Pescadito de Oro”, la principal fuente del recurso hídrico del municipio y dicha resistencia que llevan por décadas está vinculada contra la privatización del agua.
“Hemos resistido a las empresas embotelladoras que quieren extraer agua de los nacimientos como la empresa Agua Maya, que ha solicitado poner una sede en la zona baja del Pescadito de Oro, que se dedicaría a la extracción del agua y su embotellamiento”, comentó.
“Nosotros, nos oponemos a eso, porque sabemos que sería un daño fuerte a nuestros nacimientos y vendría a disminuir el caudal. Aunque, ya sufre cierta afectación el Pescadio de Oro, por el monocultivo de la caña de azúcar que está deforestando la zona para cultivarla, por la contaminación de las vertientes por el uso de los madurantes y agrotóxicos, y por su consumo abusivo del agua”, reconoció Cortez.
En cuanto a la protección de los ecosistemas, Stevens Fuentes, promotor de Juventudes de Ahuachapán, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) , señaló que era importante que la mayoría de jóvenes contaran con evidencia científica y estudios científicos sobre los riesgos y costos contra los bienes naturales.
“Nos han presentado una investigación social a partir de la disciplinas de la arqueología y antropología para poder entender lo que ocurre en los territorios de Sonsonate y Ahuachapán, que son los casos del Pescadito de Oro, Tacushcalco y el río Sensunapan, bienes naturales en riesgo”, afirmó.
Etnoterritorios
“Estos lugares también son etnoterritorios, es decir, que estamos hablando de la base de los Pueblos Originarios, por lo tanto, se debe incorporar cuando hablamos de daños a los ecosistemas conectados a la cultura y el origen de nuestros pueblos”, acotó.
“Es muy importante, según la UNES, contar con esta información de lo que ocurre en los territorios y mucho más como las juventudes porque somos nosotros los que nos debemos apropiar de este conocimiento y esta lucha en la defensa de los bienes naturales”, puntualizó Fuentes.
