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Por Leonel Herrera*
El pasado 30 de enero, el gobierno salvadoreño suscribió un peligroso acuerdo comercial con la administración de Donald Trump, en el marco del cual se compromete a “facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la exploración, explotación y exportación de minerales críticos y tierras raras” en el territorio nacional.
El acuerdo responde a la necesidad de Estados Unidos de crear una reserva estratégica de minerales para el desarrollo tecnológico ante el creciente dominio de China en este ámbito, para lo cual requiere los recursos mineros de los países latinoamericanos. En el convenio en cuestión, El Salvador -incluso- promete tratar a las transnacionales gringas como empresas salvadoreñas y darles todos los beneficios incluidos en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR.
Esto significa que la amenaza de la minería metálica es creciente y el inicio de su posible reactivación se acerca rápidamente. Esta tenebrosa señal debería encender todas las alarmas ante los graves riesgos que las actividades mineras representan para el agua, el medioambiente y la salud.
La minería representa un peligro mortal para la sobrevivencia nacional y para la continuidad de la vida en el país. Esta nociva industria es inviable en El Salvador debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional, el deterioro ecológico y el estrés hídrico; además, porque la mayoría de proyectos estarían sobre la cuenca del Río Lempa, el principal afluente nacional.
La inviabilidad ambiental y social de la minería en el país ha sido confirmada por varios estudios científicos hechos por universidades, ONGs ambientalistas y expertos en hidrología, geología y otras disciplinas. Así lo estableció también la “Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero Metálico en El Salvador”, realizada por el Ministerio de Economía, en el año 2011.
En marzo de 2024, el gobierno también firmó un convenio con Estados Unidos para la extracción de Torio. En éste, El Salvador y la empresa Thorium Energy Alliance (TEA) acordaron avanzar en la exploración de dicho mineral que es utilizado como combustible de reactores nucleares y materia prima en la industria espacial.
En febrero de 2025, El Salvador suscribió otro acuerdo sobre energía nuclear con la administración Trump, que podría servir de marco intergubernamental para viabilizar el convenio con TAE sobre el Torio. Esto indica que la amenaza minera es doble: ya no sólo tiene que ver con la extracción de oro y otros metales preciosos, sino también con la explotación de minerales radioactivos.
La posible extracción de Torio hace todavía más letal la amenaza de la minería metálica en el país, pues no sólo existe el riesgo de desastres ambientales por la explotación metales preciosos; sino que también se corren los peligros que representa el manejo de materiales radioactivos en un territorio tan y pequeño y sobrepoblado.
Por tanto, es urgente que la población reaccione ante tales peligros. La acción ciudadana debería orientarse a rechazar estos convenios para la extracción de “metales críticos”, “tierras raras” y minerales radioactivos; y a exigir la derogación inmediata de la mortífera Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024.
Dicha Ley fue aprobada por los diputados oficialistas sin tener ningún estudio técnico, sin hacer debate, sin consultar a los expertos y sin tomar en cuenta la opinión de la Iglesia Católica y las demás iglesias, las principales universidades, las organizaciones ambientalistas y la mayoría de la población que rechaza la minería en todas las encuestas.
Esta ominosa normativa derogó la prohibición definitiva de la minería metálica aprobada por unanimidad el 29 de marzo de 2017 que había sido el resultado de un amplio consenso nacional, una larga lucha social y el martirio de líderes ambientalistas que murieron defendiendo el agua, los ecosistemas, la salud y la vida en sus territorios.
La acción debe ser urgente antes que el país se quede sin agua, los ecosistemas sean destruidos y comunidades enteras sufran enfermedades mortales. Las iglesias, las organizaciones y las comunidades deberían dar ya el campanazo otra vez.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista ambiental.
