La academia debate sobre movimientos sociales y el retroceso de derechos fundamentales

Por: Luis Rafael Moreira Flores

Bajo la mirada atenta, reflexiva y por momentos consternada de al menos un centenar de jóvenes universitarios, las aulas de la Universidad de El Salvador (UES) se transformaron una vez más en el epicentro del pensamiento crítico. La Facultad de Ciencias y Humanidades auspició el Foro Académico titulado «Movimientos sociales en tiempos de régimen de excepción», un espacio que propició una rigurosa radiografía sobre las repercusiones humanas, institucionales y políticas de las medidas de seguridad vigentes en el país. El encuentro no solo sirvió como palestra de denuncia, sino como un urgente llamado a la memoria histórica y a la praxis profesional de las futuras generaciones de trabajadores sociales y cientistas sociales que se preparan en la única institución de educación superior pública del país.

La primera ponencia estuvo a cargo de Roxana Rodríguez, representante de la Asamblea Feminista, quien articuló su discurso en torno a la evolución de los Derechos Humanos y los derechos fundamentales en el territorio nacional. Rodríguez rememoró que el entramado normativo y de protección civil actual no es una concesión estatal, sino el resultado de décadas de luchas sociales sangrientas, sacrificios colectivos y una progresiva construcción histórica. Sin embargo, su diagnóstico del presente fue sombrío: El Salvador atraviesa un acelerado proceso de desmantelamiento de estos avances, afectando de manera desproporcionada a los sectores históricamente postergados.

Rodríguez hizo especial hincapié en la alarmante vulneración que sufren las mujeres y las diversidades sexuales dentro del diseño y la ejecución de las políticas públicas actuales. Denunció que el enfoque punitivista no solo invisibiliza las necesidades específicas de estos colectivos, sino que promueve un retroceso institucional sin precedentes históricos cercanos. En relación directa con el régimen de excepción, la activista calificó de «grave y sistemática» la persecución ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado. El aspecto más desgarrador de su intervención se centró en la dimensión psicosocial del fenómeno: la parálisis colectiva provocada por el miedo. Según Rodríguez, existe una honda decepción al constatar cómo miles de mujeres, históricas lideresas y activistas de base, se han visto obligadas a apartarse de los espacios de articulación y lucha social para proteger su integridad física y la de sus familias ante la amenaza latente de detenciones arbitrarias, fracturando el tejido asociativo de las comunidades.

Posteriormente, la palabra fue cedida a Sonia Viñerta, representante del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora y reconocida líder sindical. Viñerta abordó la problemática desde una perspectiva marcadamente socioeconómica y de vulnerabilidad laboral. En su intervención, denunció con vehemencia la absoluta carencia de procesos legales y administrativos transparentes que brinden protección real a las mujeres que defienden los derechos humanos y sindicales. Desde su experiencia reciente, tras haber sido separada y despedida de sus funciones en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Mujer (ISDEMU), encarnó en primera persona la persecución política y laboral que sufren las voces disidentes dentro del aparato estatal.

Viñerta expandió el debate hacia la desigualdad estructural, analizando la distribución de la riqueza a nivel global y su reflejo directo en El Salvador. La sindicalista no dudó en señalar con nombres y apellidos a las familias y oligarquías más acaudaladas del país, matizando de forma perspicaz que, si bien el apellido del actual Presidente de la República aún no figura formalmente en ese exclusivo listado de acumulación económica, sí se encuentran firmemente posicionados los de sus principales aliados corporativos, financieros y políticos. Esta asimetría económica se traduce, según expuso, en una severa brecha de poder adquisitivo y en la sistemática denegación de oportunidades laborales y de desarrollo para las mujeres en comparación con sus pares masculinos.

En un tono que combinó la ironía política con la agudeza de la crítica social, Viñerta aludió a las polémicas declaraciones de la Ministra de Vivienda respecto a las supuestas «tres formas sencillas» en las que un salvadoreño promedio puede adquirir una vivienda en la actualidad. La líder sindical contrastó el discurso idílico oficial con la precarización real del salario mínimo, la inflación desmedida de la canasta básica y la exclusión financiera, evidenciando el divorcio existente entre la narrativa gubernamental y la cotidianidad de la clase trabajadora. Su conclusión fue tajante: las instituciones del Estado salvadoreño sufren una cooptación absoluta de sus funciones por parte del poder central, un fenómeno que vacía de contenido la ciudadanía y deja a la población despojada de sus derechos fundamentales e inmersa en una total indefensión administrativa.

El momento de mayor carga emotiva y humana del foro llegó con el testimonio de Eneida Abarca, madre de Carlos Abarca, un joven estudiante desaparecido cuyo caso se ha vuelto emblemático. Con una dignidad inquebrantable que conmovió a los asistentes, Abarca compartió el doloroso tránsito de haber sido una ciudadana común y corriente a tener que asumir, por la fuerza de las circunstancias, el rol de «madre buscadora» y defensora a tiempo completo de los derechos humanos. Su relato desmenuzó minuciosamente lo que ella denomina la «ruta de la búsqueda», un deambular burocrático, forense y policial plagado de indiferencia y revictimización, donde tuvo que enfrentarse a la traumática experiencia de examinar cientos de fotografías de cadáveres en los archivos de medicina legal con la dolorosa esperanza y el terror constante de encontrar a su hijo.

Abarca denunció el abandono institucional absoluto y la indolencia de las autoridades encargadas de la investigación criminal. Con indignación, contrastó su calvario con el discurso triunfalista del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien reitera de forma constante en medios de comunicación y plataformas digitales que el país ha avanzado de manera inédita en materia de tecnología, seguridad y eficiencia judicial. La madre buscadora presentó un desgarrador cronograma de impunidad: desde el fatídico 1 de enero de 2022, fecha en la que se perdió el rastro de Carlos, pasando por las declaraciones públicas del ministro en 2023 afirmando que se poseían líneas de información sólidas, hasta el día de hoy, donde el silencio estatal y la falta de respuestas siguen siendo la norma. «Seguimos clamando por una justicia que no llega y por una verdad que se nos oculta deliberadamente», sentenció ante un auditorio sumido en el silencio.

El cierre del foro abrió el espacio para las preguntas y reflexiones del público, donde los jóvenes universitarios asumieron un rol protagónico e interpelador. El debate se centró en cuestionar el papel ético, metodológico y político de las carreras de Trabajo Social y demás disciplinas humanísticas frente al complejo y hostil escenario social que les tocará intervenir profesionalmente tras egresar. El impacto de los testimonios adquirió una dimensión marcadamente identitaria y generacional, dado que gran parte de los estudiantes presentes compartían el mismo rango de edad que Carlos Abarca al momento de su desaparición. Esta alarmante cercanía temporal y vital despertó una profunda empatía, así como una honda preocupación colectiva sobre las garantías reales de seguridad para la juventud bajo un régimen que prioriza la sospecha sobre la presunción de inocencia.