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Ezequiel Linares
@EzequielLinar12
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente de seguir conociendo el proceso en que se acusa a treinta personas supuestamente involucradas en una red de corrupción al interior de la Fiscalía General de la República.
Este caso conocido como “Corruptela” se vinculó a personas, que laboraban dentro y fuera de la Fiscalía, en el periodo comprendido de 2012 al 2015, cuando Luis Martínez era el fiscal general de la República.
Según la Fiscalía, en dicho periodo ocurrieron hechos y actividades ilícitas, como otorgamiento de dádivas para favorecer al expresidente Mauricio Funes y a empresarios que cometieron presuntos delitos. Supuestamente a cambio de no ser procesados entregaron dinero y bienes.
Los delitos atribuidos a los imputados son: lavado de dinero y activos y peculado, peculado en grado de cómplice necesario y cohecho activo, negociaciones ilícitas, omisión de la investigación, falsedad ideológica y documental y privación de libertad.
Relató la juzgadora que es de analizar el lugar de los cometimientos de los delitos, la cual se presentó un caso contra treinta personas entre los que se encuentra el exfiscal general, Luis Martínez.
Lo anterior es con base a la razón del territorio, es decir, que la mayoría de ilícitos que describe el dictamen fiscal se planificaron y ejecutaron en la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, y no en San Salvador.
También, mediante lo expuesto, el juzgado dejó sin efecto la realización de la audiencia preliminar programada para el 7 de enero.
En virtud de la incompetencia alegada por la defensa del imputado Julio Arriaza “esta jueza reconoce su incompetencia en el presente caso y remitirá las actuaciones al Juzgado 2° de Instrucción de San Tecla”, señala la resolución.
Por tanto, señala la juzgadora que en virtud del análisis de los hechos delictivos planteados por el ministerio público se advierte que los mismos tal como han sido redactados se cometieron la mayoría en Antiguo Cuscatlán en las oficinas de la Fiscalía, oficinas administrativas del Banco Promérica y la dirección particular del expresidente Mauricio Funes.
Por otro lado, se señala que en el dictamen se han dividido los hechos en casos en los que relacionan el actuar del exfiscal con los otros imputados, en ese sentido la relación de los hechos planteados tuvo lugar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, lugar donde se ejecutaron las órdenes provenientes del imputado Luis Martínez, es así que los delitos de peculado, cohecho propio, lavado de dinero, negociaciones ilícitas, estos se habrían cometido siendo indispensable identificar el ámbito territorial vinculado a los mismos, señala la juzgadora.
“Como garante de la Constitución de la República, esta jueza debe atender a los principios y derechos y se debe traerse a cuenta el principio del juez natural y el derecho al debido proceso”, señala.
