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@JoakinSalazar
Abogados defensores son “recaderos del crimen”. Ante el anuncio que algunos de los abogados defensores de pandilleros recluidos en el sistema penitenciario del país, son recaderos, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública prepara un protocolo de seguridad que regule el tiempo y los objetivos de las visitas en Centros Penales de la defensa técnica.
El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde descartó que se busque violentar el derecho humano de la defensa técnica de los privados de libertad, al contrario se busca generar que la abogacía cumpla con su labor profesional.
“No podemos violentar el derecho a la defensa técnica de los privados de libertad y no lo estamos negando, pero sí hemos dicho que de acuerdo a datos de inteligencia, en diferentes casos se han presentado muchas personas que supuestamente asisten a privados de libertad y se han dado la tarea también de recibir mensajes para su traslado, esto escapa de la labor de defensa”, dijo Ramírez Landaverde.
El titular de seguridad recalcó que en “ningún momento buscamos restringir este derecho, sino que arreglarlo y establecer determinadas normas que nos garantiza que la persona que se presenta a un centro penitenciario, aún cuando sea abogado de la República efectivamente, sea el defensor del imputado y que además se va a dedicar precisamente a la labor a la cual se presenta en el penal para entrevistarse con alguna persona que esté recluida”.
Y es que esta normativa, busca evitar que los defensores técnicos de pandilleros se vuelvan recaderos del crimen, dado que semanas atrás se ha hecho público que los abogados trasladan las órdenes de los reos a los pandilleros de afuera, sospecha que surge luego que en los centros penitenciarios se anulara de forma contundente las llamadas telefónicas y se regulara la visita de los familiares.
Está situación debe investigarse al nivel que corresponde, al Ministerio de Justicia le corresponde en primer lugar colaborar con la Fiscalía General de la República, para la investigación penal y si hay alguna investigación de otro tipo administrativo, comentó Ramírez Landaverde.
“Nosotros en la institución hemos enviado muchas veces informes sobre la conducta del actuar de abogado de la República y no hemos visto nosotros consecuencia de ello, lo que más nos ocupa es parar esta situación y por ello estamos colaborando con la Fiscalía para que inicie la investigación. El trabajo de inteligencia ha permitido y los hemos documentado y estamos poniendo en conocimiento de las autoridades respectivas algunos casos no vamos a especificar mayores detalles, lo más probable es que dé origen a un caso de investigación y debe mantenerse a ese nivel”, enfatizó el Ministro.
El Director General de Centros Penales, Rodil Hernández confirmó que el protocolo lo está preparando el Viceministro de Justicia y estará listo la próxima semana.
“El protocolo está siendo elaborado bajo la conducción del viceministro de Justicia y va a tener aspectos relacionados a que el abogado debe dar una declaración jurada que no está inhabilitado, nosotros estamos preparando el listado de todos los abogados que visitan todos los centros penales, para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que nos indique si están habilitados o si hay alguno que no está, que podría estár en un proceso de investigación”, explico Hernández.
El director detalló que se busca establecer una base de datos, también para hacer censados. “Hace unos meses tuvimos algunos problemas en que las federaciones de abogados dijeron que estamos violentando dijeron sus derechos, pero debe de haber un censo y esto va a ser regulado con este protocolo es decir ellos deben de registrarse en nuestro sistema”, agregó.
De forma preliminar el abogado deberá de indicar claramente cuál es el proceso que está ventilando ya sea con un privado de libertad que está en proceso o que esté ya condenado, cuáles son las audiencias que están preparando, cuáles son las referencias de las causas que está viendo de tal forma que demuestren que realmente va por un objetivo Legítimo al centro penal.
“Este es un derecho constitucional, pero si se puede regular en este caso lo que vamos a hacer es un protocolo que establezca que las personas realmente tienen un objeto lícito comprobado para estar ahí presente; además habrá que definir tiempo para que el abogado pueda estar en un tiempo razonable”, puntualizó.
