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Buenos Aires/AFP
La justicia argentina ordenó frenar los incrementos del gas en todo el país, al darle la razón a los consumidores que presentaron batalla contra el brutal aumento de tarifas de los servicios públicos aplicado por el gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara Federal de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires, resolvió «con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa de gas» y ordenó «retrotraer la situación previas a las subas» aplicadas desde abril, según el fallo que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por una ong.
En el texto, los tres jueces declararon nulas las dos resoluciones del ministerio de Energía que habían dictaminado el aumento de la tarifa del gas, «por no haber sido precedidas de audiencias públicas» que habiliten las alzas, según dicta la Constitución.
El fallo emitido por la justicia de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde viven 16,6 millones de los 40 millones de argentinos, tiene alcance en todo el país, explicó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) que presentó la medida cautelar ante la Cámara.
«El fallo seguramente será apelado por el Estado y será la Corte Suprema la que terminará decidiendo», admitió Mario Lovelli, titular del CEPIS, en declaraciones a la prensa.
Las facturas de gas y electricidad sufrieron aumentos que en promedio rondan entre el 500 y 700% y en algunos casos alcanzó el 2.000% incluso en la fría Patagonia, donde la calefacción es imprescindible para la supervivencia.
Frenos en las provincias
Este nuevo fallo se conoció luego de que este jueves jueces hicieran lugar a sendos amparos en las provincias patagónicas de Río Negro y Neuquén (sur).
En la provincia de Río Negro la Cámara Federal suspendió la aplicación del incremento por tres meses y ordenó a la empresa proveedora Camuzzi Gas del Sur a refacturar los consumos a los valores de marzo, previos al aumento.
«Parece no haber duda de que la legislación debe prever algún mecanismo de información y alguna forma de participación de los consumidores y usuarios en las decisiones que los atañen, para no ser meros convidados de piedra que deban soportar cualquier decisión que afecte sus intereses», dice el fallo.
Una ola de reclamos en los tribunales recorre Argentina en rechazo a los reajustes de tarifas de luz, gas y agua con cientos de recursos de amparo presentados.
El propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, lamentó «la judicialización» de estas medidas.
Esta semana la justicia de Córdoba (centro) también frenó el aumento de gas, al igual que en jurisdicciones de Jujuy, Salta, San Luis, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.
El gobierno pidió a la población que pague los aumentos y espera que la Corte Suprema se expida sobre el tema para detener los reclamos judiciales que incluyen manifestaciones callejeras y protestas frente a las empresas que prestan el servicio.
A los aumentos se suman también reajustes del precio de transportes y una alza del 30% en los combustibles desde enero.
Macri impulsó las subas bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas y responsabilizó a las administraciones kirchneristas (2003-2015).
También eliminó subsidios, con excepción de casos de personas en extrema pobreza que reciben una asignación por hijo o jubilados que perciban el salario mínimo.
El alza deprimió aún más el mercado interno, agobiado por una inflación que ronda el 40% en los últimos 12 meses y unos 200.000 despidos, según sindicatos.
La economía está técnicamente en recesión con caída del consumo en casi todos los rubros, según el instituto de estadísticas Indec.
Consultoras económicas estiman para 2016 una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1% y 2%.
